La juez Alaya sospecha que la corrupción de los ERE era generalizada en la Junta

Un día después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera fianzas para los intrusos, la juez Alaya, encargada del caso de los ERE, dictó una nueva resolución con la que quiere saber si el método utilizado en la Consejería de Empleo (que usaba una partida la 31-L, denominada "fondo de reptiles") era una práctica generalizada en todo el Gobierno andaluz.

Por eso ha pedido información de las subvenciones dadas por todas las consejerías. Esto es, la juez sospecha de una corrupción metodológica y sistemática por parte del gobierno socialista de la Junta de Andalucía.

En su escrito, relata ABC, la juez pide a la Junta de Andalucía que le informe "si las ayudas a empresas mediante transferencia de financiación a través del IFA o IDEA se han realizado en otras consejerías".

La juez hace hincapié en preguntar si esas ayudas son solamente de la Consejería de Empleo e incluso si hay "otra empresa de manera significativa u otro grupos de empresas que haya recibido ayudas o subvenciones de otras consejerías". La pregunta parece indicar que algún indicio está ya en poder de la juez.

Alaya vuelve a reiterar sus recelos ante la información que recibe de la Junta. Aunque el gobierno Griñán presume de transparencia y puntualidad en la entrega de lo que la juez le pide, ésta le pregunta, sin embargo, si en el informe que le remitió están todas las ayudas que la Consejería de Empleo concedió a través del IFA, porque ha echado en falta alguna como la concedida a Río Grande, empresa implicada en un ERE con intrusos. E igualmente le solicita la relación de ayudas sociolaborales y a empresas que fueron resueltas favorablemente por la Consejería y que no fueron pagadas.

Alaya asegura en el auto que aún «no se han aportado todos los expedientes de ayudas concedidas y pagadas» y recuerda igualmente que está a la espera de conocer lo expedientes de ayudas concedidas pero no pagadas"

En el mismo escrito, se solicita a la Junta de Andalucía que aporte los datos de la contabilidad del IFA o IDEA sobre los convenios firmados por éste con la Dirección General de Trabajo de la Junta en 2003, toda la relación de pagos efectuados por el IFA-IDEA desde el año 2001 al 2011, tanto en concepto de ayudas sociolaborales como de ayudas a empresas para «perseguir las posibles infracciones tributarias derivadas de los ingresos recibidas por las entidades beneficiaria de los pagos» en el supuesto de que estas no los hayan declarado, y avisa a la Agencia Tributaria de su obligación de informar al Juzgado si constatara la omisión de algún dato identificativo.

Además, la juez envía las actuaciones al Tribunal de Cuentas para que determine las responsabilidades contables que puedan derivarse de ello.

Igualmente a la Junta de Andalucía también le pide que aporte la relación detallada de cualquier reclamación judicial que haya recibido por compromisos de pago asumidos por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social desde el año 2001.

En cuanto a las actas del Consejo de Gobierno (que fueron objeto de una gran polémica por la negativa del Ejecutivo andaluz a entregarlas) asegura que, una vez que las examine, le dará traslado de estas a las partes personadas en el sumario.