El próximo 29 de octubre las víctimas de ETA salen de nuevo a la calle con el lema "Frente a la Impunidad, Justicia", una de sus tres demandas históricas junto a Memoria y Dignidad.
Ahora más que nunca existe el temor de que esa Justicia que reclaman no se vea satisfecha, que los asesinos juzgados y sentenciados salgan a la calle y que muchos asesinatos queden impunes, una vez más, porque ya ha pasado anteriormente, y no sólo por la amnistía de 1977, sino porque ya hay cientos de casos no juzgados, casos parcialmente juzgados en los que sólo han sido condenados una parte de los autores del atentado, muchos casos en los que han sido condenados a penas ridículas los colaboradores necesarios (chivatos y confidentes que obtuvieron información sin la cual los autores materiales no habrían asesinado) y casos de los que no se sabe absolutamente nada de nada. Las víctimas reclaman que no se pase página de forma acrítica pero, sobre todo, que se aplique la ley, que se cumplan íntegramente las penas y que no se utilice la política penitenciaria como moneda de cambio en el llamado proceso de paz, provocando una situación de impunidad para los que han asesinado, secuestrado y extorsionado durante más de cinco décadas.
Son centenares los asesinatos cometidos por ETA que no han sido juzgados. De los más de 850 asesinatos –las cifras totales bailan y no son exactas por muchos motivos, como ya contamos en Libertad Digital–, una cifra cercana a los 300 –también aquí es difícil dar cifras exactas– no tienen sentencia, ya sea porque se desconocen los autores o por otras razones. La mayoría se concentra en asesinatos cometidos antes de 1990 (unos 600 del total de víctimas) y al menos 80 víctimas de ETA no han podido poner cara a sus asesinos, según datos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT).
En junio de 2010 se conocieron las conclusiones a las que había llegado la "Comisión de Justicia" creada por las asociaciones, colectivos y fundaciones de víctimas del terrorismo en su reunión del 8 de marzo de ese mismo año a instancias de la FVT. Uno de los motivos por los que se creó esta Comisión es que no existen datos sistematizados en la Audiencia Nacional sobre la situación procesal de todos y cada uno de los asesinatos de la banda terrorista ETA. La información, muy dispersa, se encuentra repartida entre Juzgados de Instrucción, secciones de la Sala de lo Penal, Fiscalía y el archivo de Alcalá de Henares. Dado que la digitalización de los sumarios es algo muy reciente, para poder obtener datos precisos hay que ir rastreando sumario a sumario en su formato en papel. A desentrañar esa madeja han dedicado seis años de investigación Rogelio Alonso, Florencio Domínguez y Marcos García Rey, investigación que se ha visto plasmada en el libro Vidas rotas. Historia de los hombres, mujeres y niños víctimas de ETA (Espasa, 2010). Pero todavía hay mucho trabajo que hacer en este asunto para podernos hacer una idea clara del escenario de impunidad en el que van a quedar los asesinatos de la banda terrorista.
Si excluimos los crímenes cometidos antes de 1977 –73 desde Begoña Urroz–, sobre los que se hizo borrón y cuenta nueva con la amnistía, de los 562 cometidos entre 1978 y 1990, más de 200 no han sido resueltos, de los que el 50% ha prescrito o están a punto de prescribir. Con posterioridad a 1990, en 2011 han empezado a prescribir los cometidos en 1991, siendo el más reciente el triple atentado cometido el 17 de octubre de 1991 en Madrid con el resultado de un muerto –el teniente de Artillería Francisco Carballar Muñoz–, y tres heridos graves –María Jesús González, su hija Irene Villa y el comandante de Infantería Rafael Villalobos–. El pasado 20 de octubre la Audiencia Nacional ha archivado definitivamente el caso por prescripción.
Si nos vamos a la situación a día de hoy, en estos momentos existen unas ciento cincuenta causas abiertas en la Audiencia Nacional, aunque no todas ellas tienen que ver con asesinatos de la banda, pues incluyen, por ejemplo, la de la red de extorsión de la que derivó el caso Faisán o la causa que investiga la red de abogados etarras.
Entre las causas pendientes por asesinato, no se ha juzgado aún el último atentado mortal de ETA en España, en el que una bomba-lapa acabó con la vida de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvà. También está sin juzgar el atentado contra Eduardo Puelles, cometido el 19 de junio de ese mismo año, y también mediante el método de la bomba-lapa. El 1 de marzo de 2011 se detuvo en Vizcaya a cuatro miembros de la banda terrorista ETA. Las Fuerzas de Seguridad creen que tres de ellos son los autores del asesinato de Eduardo Puelles. Participaron presuntamente en el atentado Daniel Pastor Alonso y la pareja formada por Iñigo Zapirain Romano y Beatriz Etxebarria Caballero. Tampoco han sido condenados los asesinos de Cecilio Gallego y la niña Silvia Martínez Santiago, en un atentado cometido en Santa Pola (Alicante) el 4 de agosto de 2002. Mes y medio después, fueron detenidos en Francia los presuntos autores materiales del mismo, Óscar Celarain Ortiz, alias Peio, y Andoni Otegi Eraso, Iosu, integrados en el grupo Argala de ETA. En febrero de 2011 la Fiscalía ha pedido en su escrito provisional de conclusiones que sean condenados a 1.180 años de cárcel. También reciente es el caso del cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro, asesinado en Leiza el 24 de septiembre de 2002, mes y medio después del atentado de Santa Pola. Han pasado nueve años y no se sabe absolutamente nada de sus asesinos.
El paso del tiempo y la consiguiente prescripción, la imposibilidad de juzgar a muchos etarras que viven tranquilamente en países como la Venezuela de Hugo Chávez, la imposibilidad, también, de detener y poner a disposición de la justicia a los autores de los atentados en otros muchos casos, y los numerosos atentados en los que sólo han sido condenados parte de los autores, engordará poco a poco el número de asesinatos de la banda que quedarán definitivamente impunes. Al final del proceso esa cifra superará con creces los 300 casos de los que hablaba en 2010 la Comisión de Justicia creada por las víctimas. Si a ello añadimos los beneficios penitenciarios y la posibilidad de que se derogue la doctrina Parot, el escenario de impunidad que se dibuja se vuelve pavoroso.