Sólo han pasado tres días desde el comunicado de la banda terrorista ETA y la prudencia inicial en relación con posibles medidas de gracia a los terroristas encarcelados se está transformando en impaciencia por activar ya un proceso de acercamiento de presos, junto a otros ‘beneficios penitenciarios’.
En su reacción al anuncio de ETA el pasado jueves, Zapatero y Rubalcaba coincidían en trasladar al próximo Gobierno la responsabilidad de gestionar lo que llaman ‘proceso’. La consigna oficial del PSOE y su candidato es negar la incidencia de ETA en la campaña electoral, pero desde el jueves los socialistas intentan capitalizar, lágrimas incluidas, la ‘paz’ en el País Vasco.
Más llamativa es la aparición en escena del ministro del Interior, Antonio Camacho. A pesar de la situación de interinidad del Gobierno y contradiciendo las palabras de Zapatero, el ministro, lejos de esperar a la conformación del nuevo Gobierno tras las elecciones del 20-N, se manifestaba claramente favorable a la concesión de ‘beneficios penitenciarios’ a los etarras. Es más, Camacho animaba directamente a los presos a solicitar estas medidas de gracia que, según dijo, hasta ahora no se han aplicado porque la propia banda les ha impedido acceder a ellos con el fin de mantener ese grupo compacto.
En el mismo sentido, se han pronunciado el presidente del gobierno vasco, Patxi López, y el líder del PNV, Iñigo Urkullu, que ya se han reunido este lunes para hablar de lo que llaman de proceso de final de la violencia y de normalización política. El nacionalista pidió la ejecución de una política penitenciaria "flexible", la derogación de "esta ley de partidos" y el adelanto de las elecciones autonómicas para "dar cabida" a los proetarras en el Parlamento vasco.
Una urgencia por abordar lo que ETA llama ‘consecuencias del conflicto’ que se traslada el miércoles al Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno recibirá a Iñigo Urkullu, en paralelo a la ronda de contactos iniciada este mismo lunes por Patxi López con los partidos en el País Vasco.
Mariano Rajoy, que tendrá que gestionar la situación en los próximos meses desde el Gobierno de la Nación, no quiere aparecer como el ‘malo de la película’ y sigue dando por buena la nota de ETA. De hecho, de la dirección del PP sólo Jaime Mayor Oreja, a título personal, acompañará a las víctimas del terrorismo –que desde el jueves ven como la clase política y las instituciones les dan definitivamente la espalda– en la manifestación convocada en Madrid y que cuenta con el respaldo unánime de este colectivo.
La dirección del PP asegura que ellos "nunca negociarán con ETA" y prefiere focalizar la campaña sólo en la situación economía, mientras el PSOE y el PNV se apremian por marcarle el camino.