El segundo Estatuto de Andalucía revisaba su posición respecto al Guadalquivir y pretendía asumir las competencias sobre la gestión de toda su cuenca, que abarca a otras comunidades como Extremadura, Castilla la Mancha y Murcia lo que era incompatible con la Constitución. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y anular el artículo 51 del Estatuto de Autonomía andaluz, que le concedía la competencia exclusiva sobre el río Guadalquivir. La Junta de Andalucía ha tratado por todos los medios quedarse con las competencias mediante diferentes argucias, pero finalmente, al no tener soporte jurídico, ha tenido que devolver las competencias sobre el río al Estado.
El presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, calificó el domingo de "desaguisado" y "desastre" la política de aguas de la Junta de Andalucía tras la "humillación" de tener que devolver al Estado la gestión del río Guadalquivir. En un acto con Nuevas Generaciones del PP en Granada, Arenas afirmó que han sido gobiernos socialistas los que han reclamado las competencias y también los que las han negado y los que presentaron el recurso contra el Estatuto andaluz. En el lado de las "víctimas" de este contencioso hidráulico-jurídico, el dirigente popular situó a "los funcionarios, los regantes y los andaluces". El PP también respaldó el artículo del Estatuto de Autonomía andaluz por el que la comunidad se arrogaba las competencias sobre el río, y que fue declarado anticonstitucional.
No todos los socialistas estaban de acuerdo con este artículo
El nuevo artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía dice lo que sigue: "La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22ª de la Constitución." Es la exclusividad la que ha sido denegado por el Tribunal Constitucional.
La Constitución, en efecto, dice en su artículo 149: "El Estado tiene competencia exclusiva sobre (..) la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma."
Cuenta El País que la inclusión de la competencia "exclusiva" de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía fue uno de los temas que más controversia generó en el PSOE entre los llamados federales, los andaluces y el Ministerio de Medio Ambiente. En septiembre de 2006 hubo importantes broncas con la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien rechazaba un artículo que, en su opinión, rompía la unidad de cuenca.
Pero esa reivindicación era "irrenunciable" para los socialistas andaluces y especialmente para el entonces presidente de la Junta y hoy vicepresidente segundo del Gobierno, Manuel Chaves. La decisión del PSOE de levantar esta bandera se sustentó entre otras razones en no dejar la reclamación en manos de Izquierda Unida y del Partido Andalucista Sin el consenso con IU, el Estatuto no hubiera sido posible.
Y recuérdese que la redacción inicial del que entonces era el artículo 50 que inicialmente salió de la Cámara andaluza era: "La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente y de las obras públicas hidráulicas de interés general". Luego quedó así: "La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22.ª de la Constitución".
PSOE e Izquierda Unida añadieron otra vía para amarrar el que la comunidad tuviera en sus manos la gestión del río. A través de una disposición adicional reclamaban al Estado cuatro materias estatales a través de la delegación de competencias previstas en el artículo 150.2 de la Constitución, que es la vía en la que confía ahora el Gobierno andaluz actual para sortear la sentencia del Constitucional. El PSOE lo metió pese a que un informe elaborado por el Consejo Asesor del Ejecutivo sobre el Estado de las Autonomías, del que formaban parte dos expresidentes del Tribunal Constitucional, le advirtió que "puede ser un fraude constitucional". Por el contrario hizo caso a las recomendaciones del presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso, quien negó la existencia de obstáculos jurídicos. La disposición no llegó a ver la luz.
La transferencia de la competencia
Por insistencia del gobierno andaluz, el acuerdo para la transferencia de la cuenca fue firmado en 2007 por la entonces ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el ya exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías.
En el resumen de El País se decía que en el acuerdo de transferencia "el Estado se reservaba las competencias de planificación general e inversión. Mientras que la Junta asumía el resto: usos y concesiones de agua; infraestructuras hidráulicas, además del control del dominio público hidráulico. También se hacía cargo de 849 empleados públicos. Los embalses se repartían entre las dos administraciones. La Junta gestionaba 53 embalses, y otros cuatro, ubicados o con afecciones a otras comunidades autónomas, seguían gestionados por el Estado. El coste efectivo de la transferencia ascendía a 123 millones de euros, incluidos los 52 millones que reportan los ingresos por tasas y cánones, además de la gestión de unos 500 millones de los fondos europeos."
Tras el varapalo del Tribunal Constitucional, que lo infligió por unanimidad, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, dijo que había "margen" en la legalidad para mantener la transferencia y por ello inició una ronda de presiones y negociaciones sobre el gobierno terminal de José Luis Rodríguez Zapatero, presionado a su vez por las otras Comunidades afectadas, especialmente Extremadura. Y fue intentada una reforma que es la que ahora ha fracasado estrepitosamente.
Tras el fallo, los juzgados han ido aplicando la doctrina y, por ejemplo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Sevilla anuló una resolución emitida en marzo de 2010 por la Agencia Andaluza del Agua, para confirmar una sanción impuesta a una empresa. No es el único caso. Los jueces se amparaban en el fallo del Tribunal Constitucional e inhabilitaban con efecto retroactivo a la Agencia del Agua para ejercer competencias sancionadoras en el río. O sea, de potestad sancionadora de la Junta, nada de nada.
La oposición de los regantes y funcionarios
Tras el fallo del Constitucional, Feragua había apelado a los presidentes de Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha para que no consintieran el atropello a las sentencias del Constitucional y del Supremo, surgido de la Comisión Bilateral sobre el Guadalquivir creada por el Estado y la Junta de Andalucía.
Los regantes calificaron de "nocturno", "alevoso" y "burla a los ciudadanos" el procedimiento de urgencia utilizado para esta reforma, sin ningún tipo de informes ni consultas previas, y sin la participación de los usuarios y otras administraciones implicadas.
Subrayaron que la segregación de las competencias de la policía del dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias es contraria al principio de unidad de cuenca y que por tanto el nuevo Decreto nacerá siendo inconstitucional y acusaron al Gobierno de promover un Decreto-Ley contrario a la Constitución a sabiendas, y de estar llevando la gestión hidráulica al caos y el desconcierto y a la máxima desconfianza entre los usuarios.
Por su parte, los funcionarios han sido en su mayor parte inequívocos incluso con el Partido Popular, al que dirigieron una carta que decía entre otras cosas lo que sigue: "El colectivo de empleados públicos afectados por la transferencia del Guadalquivir, hoy anulada, necesita que el Partido Popular ‘muestre sus cartas’ ante la pretensión del Gobierno Central y del Gobierno Andaluz de destruir, con carácter urgente y electoralista los principios contemplados en la Ley de Aguas y con ello, los principios de unidad de la nación española y de solidaridad entre personas y territorios. Necesitamos que nos hagan llegar su posicionamiento al respecto y se dejen de ‘ambiguedades’ como dice la prensa. No queremos mas ‘premeditaciones, alevosias y nocturnidades’. Por ello, hemos redactado un Manifiesto ‘POR LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y DE SOLIDARIDAD Y UTILIZACIÓN RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES’ que se adjunta y que les enviamos a través de diferentes medios". Es decir, estaban de acuerdo con la devolución al Estado de las competencias sobre el Guadalquivir.
División entre agricultores y regantes vinculados al PSOE
Las organizaciones agrarias y las comunidades de regantes han demostrado su orientación política y cómo influye. A un lado, Asaja y la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), que fueron los colectivos que más alegaciones presentaron a la Ley de Aguas de Andalucía, se han congratulado porque la medida garantice el principio de unidad de cuenca por el que siempre habían apostado. Y al otro, la UPA, la COAG y la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda), todos ellos vinculados a la izquierda andaluza, muy especialmente al PSOE y UGT, no ocultaron su frustración por una decisión que, según dicen, va contra una gestión mucho más cercana del principal río andaluz.
La reacción del PSOE
Se ha limitado a defenderse de las acusaciones del PP y, según ABC, a restar trascendencia al fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y la Junta sobre las competencias del Guadalquivir. Cerrada la vía del acuerdo entre administraciones, los socialistas confían ahora en lograr una delegación de competencias del Gobierno central a la Junta a través de la Proposición de Ley presentada en el Parlamento, pero que deberá votarse en las Cortes después del 20-N, con un nuevo Gobierno probablemente presidido por Rajoy, que es lo que se pretende. Que Rajoy se convierta en el centro de la confrontación a partir del 20 N.
El vicepresidente Manuel Chaves, la ministra Rosa Aguilar, el consejero Díaz Trillo, el portavoz parlamentario Mario Jiménez, y los candidatos al Congreso por Sevilla Alfonso Guerra y José Antonio Viera, apoyaron la devolución de las competencias y vieron factible la recuperación por la nueva fórmula.
La crítica del PP
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, afirmó, en lo referente a que la Junta de Andalucía revierta las competencias del Guadalquivir, que este batacazo del Gobierno andaluz no es más que el capítulo final de un serial de comportamientos "irresponsables" y "tramposos" que la Junta de Andalucía ha venido teniendo en materia de aguas. El popular aseguró que la política del PSOE en esta materia ha sido todo un despropósito y ante ello agregó que el PP pide la seguridad jurídica, laboral, económica y la garantía de ejecución de inversiones. "Están en juego 120 millones de euros de transferencias y 500 millones de fondos europeos que es lo que debe estar garantizado y, sobretodo, que se ejecute y que se desarrolle", añadió.
Sanz indicó que Griñán se ha cubierto de gloria y que "una vez más vuelve a ocurrir lo contrario de lo que dice que va a pasar". "Una vez más Andalucía tiene que volver a pagar las consecuencias de la falta de liderazgo y debilidad de Griñán", dijo. Asimismo, calificó lo que ha ocurrido de "batacazo monumental" e indicó que se trata de un "fracaso histórico", al mismo tiempo que aseguró que "el PP le pide explicaciones al Gobierno de lo que denominan la estrategia de un engaño y una gran mentira que desde el principio ha soportado el PSOE bajo una supuesta defensa de la autonomía que ha durado hasta los últimos días a pesar de que se ha demostrado que es falsa".
Asimismo, apuntó a que el problema en Andalucía no es del titular de la competencia sino de la incompetencia del titular. "Ojalá el resultado final sea que se garantice la unidad de cuenca, que se apueste por una profesionalidad en la gestión de la política del agua, que se reduzca el sectarismo y partidismo con el que el PSOE ha actuado, que se reduzca la burocracia y que se haga lo contrario de lo que se ha venido haciendo en la Agencia del Agua que es invertir y crear burocracia".
Finalmente, pidió la convocatoria, con carácter de urgencia, de un pleno monográfico en el Parlamento andaluz sobre este asunto en el que se pedirá que se depuren responsabilidades políticas y que el Gobierno explique cuál es la situación final a la que se llega, qué futuro depara a los trabajadores y que ámbito de competencia definitiva se desarrolla.