Diputación de Sevilla: la perversión institucional, 4

Afirmaban que la política de subvenciones de la Administración socialista favorecía a municipios gobernados por el PSOE. La denuncia se extendía a la propia Diputación provincial, lo que parecía indicar un peligroso funcionamiento que podría conducir a la perversión institucional. El camino y la hoja de ruta fueron trazados con precisión.

Estimaban aquellos alcaldes comunistas que la discriminación de que se sentían objeto obedecía más a motivaciones ideológicas que a otras consideraciones. Por aquel entonces, el ejemplo máximo de perversión institucional lo encarnaba el alcalde de Lebrija, Antonio Torres, que había transitado desde el comunismo radical del Partido del Trabajo de España que había dado la cara contra la dictadura en esa y otras villas del entorno del Guadalquivir, a la recova del PSOE.

Decían aquellos comunistas, raíz genética de los hoy militantes de IU que se oponen a toda componenda con el PSOE, que a Torres le llovía el dinero y que las prácticas de "amiguismo, clientelismo y enchufismo" iban dirigidas a primar a los municipios gobernados por el PSOE. Es más, señalaban con claridad que los alcaldes socialistas que pertenecían al grupo interno del PSOE del guerrismo, que dirigía el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Pino, eran claramente beneficiadas por la Institución. 

Y había hechos concretos. De unos fondos de Presidencia, créditos asignables según criterio discrecional de Miguel Ángel Pino, la Diputación distribuyó casi 20 millones de las antiguas pesetas de los que 14 fueron a Ayuntamientos y 6 a entidades particulares en 1986. Pues bien, los ayuntamientos socialistas de Sevilla se llevaron el 81 por ciento del total. Lo mismo sucedió con los fondos gubernamentales del PER y otras ayudas.

Este era el principio de una perversión institucional. Una Institución como la Diputación de Sevilla debería servir a sus municipios con criterios de igualdad constitucional atendiendo a los criterios admitidos como la población, necesidad y urgencia. 

Si alguien cree que estas prácticas han desaparecido con los años, está equivocado. Incluso se han consolidado en la propia Junta de Andalucía. De hecho, en el año 2008 los ayuntamientos socialistas recibieron el 72 por ciento de los fondos cuando gobernaban sólo el 51 por ciento de la población andaluza, mientras que el PP recibió el 13,93 por ciento del dinero y gobernaba al 31,48 por ciento de la población. Se produjo, por tanto, una desviación al alza del 38,9 por ciento en el caso de los municipios del PSOE y una desviación a la baja del 55,75 por ciento en el caso de los del PP.

En el año 2009 los municipios del PSOE recibieron el 67 por ciento de los fondos, un 28,6 por ciento más que el porcentaje de población gobernada mientras que los del PP recibieron el 20,16 por ciento de los fondos, un 35,9 por ciento menos de lo que le correspondería por población gobernada.

En el primer semestre de 2010 continuaba esta tendencia con un 67 por ciento de fondos recibidos por los ayuntamientos socialistas y un 17,67 por ciento recibidos por los del PP. En este caso la variación al alza para el PSOE era del 29,24 por ciento y a la baja para el PP era del 43,86 por ciento.

Refugio de alcaldes socialistas perdedores de elecciones

La Diputación de Sevilla, mientras ha estado en manos socialistas, cosa que ocurre desde 1979, ha sido la gran empresa benefactora de importantes retribuciones para los alcaldes socialistas, especialmente cuando perdían las elecciones y se quedaban al pairo económico. El presidente Griñán, agobiado por la pérdida de la hegemonía municipal, ha seguido manteniendo a las Diputaciones que conserva (tres, porque ha perdido cinco) como oficinas de recolocaciones para socialistas necesitados de las oligarquías locales y comarcales.

Tras las elecciones de mayo de 2012, los nuevos alcaldes contratados en la Diputación son: Segundo Benítez, de Castilblanco de los Arroyos; Carmelo Cubero, de Real de la Jara; Francisco Casero, de El Castillo de las Guardas (los tres asesores en el área de Cohesión Social e Igualdad); la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, coordinadora de Formación Continua; Margarita Gutiérrez, de Gerena, y Jesús Mª Sánchez, de Pilas, ambos asesores en Empleo e Innovación, y José Solís de la Rosa, regidor de Villamanrique, que trabaja de asesor en el área de Hacienda.

Pero los ex alcaldes contratados son: Evangelina Maestra (Villaverde del Río), directora del área de Asistencia Técnica Municipal; Mª José Cervantes (Villanueva del Río y Minas), directora del área de Cohesión Social e Igualdad; Raúl Castilla (Sanlúcar la Mayor) y Julián Cabana (Almadén de la Plata), ambos asesores del área de Cohesión Social; Juana Mª Carmona (Benacazón), directora del área de Empleado Público; Manuel Portillo (Paradas), asesor de Empleo, y Francisco Gil, asesor del área de Organización.

Por eso, Alfredo Pérez Rubalcaba, que dice querer acabar con las Diputaciones, no comprende al socialismo andaluz y desde luego, no sabe nada del sevillano. Como siga diciendo lo que dice, es posible que ni los socialistas le voten.