La euforia contenida en PSOE y Gobierno y la prudencia en el PP ha sido lo más destacado de los grandes actores políticos españoles en sus respuestas al comunicado de la banda terrorista ETA.
El presidente del Partido Popular, candidato a La Moncloa y, según las encuestas, próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado en su pequeño comunicado que la decisión de ETA se ha producido sin ninguna concesión política previa.
En el mismo sentido se ha pronunciado el lehendakari Patxi López y otros líderes socialistas. Zapatero y Rubalcaba se han felicitado por el fin definitivo de la violencia en el País Vasco en tanto en cuanto, una victoria del Estado de Derecho.
En cambio, si tenemos en cuenta las múltiples reivindicaciones y objetivos de la banda terrorista ETA, estas afirmaciones no son pueden ser tan categóricas.
ETA en las instituciones
Después de que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, hiciese un llamamiento en 20096 –en plena negociación del Gobierno con ETA- para que las togas se manchasen "con el polvo del camino" el resultado fue el aval a una buena parte de las listas de la franquicia etarra ANV en las municipales de 2007. Batasuna-ETA pasó así a tener más de 400 concejales en el País Vasco y Navarra.
Una presencia institucional corregida y aumentada ahora, después de que el Tribunal Constitucional enmendase -tras múltiples presiones de los nacionalistas y el PSOE- la plana al Tribunal Supremo y avalase todas las listas de Bildu. Lo que les ha permitido gobernar la Diputación de Guipúzcoa y el ayuntamiento de San Sebastián, entre otros muchos consistorios. Un camino que no parece que se vaya a corregir de cara a las elecciones generales. Y si las encuestas no mienten, esto podría suponer la vuelta del brazo político de ETA al Congreso de los Diputados.
Negociación política
En la anterior legislatura del Gobierno de Zapatero el Ejecutivo negoció políticamente con ETA. Fruto de esta negociación se dieron lamentables episodios. El más grave fue el chivatazo a ETA, conocido como "Caso Faisán". La Policía advirtió a la red de extorsión de ETA de una redada que se iba a producir en el bar Faisán –lugar utilizado por los terroristas para cobrar el dinero de la extorsión a los empresarios vascos y navarros- permitiendo que huyesen. Esto tiró por tierra el operativo policial.
El Juez Garzón intentó silenciar el caso, pero tras su expulsión de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz retomó el sumario en el que ha procesado a la cúpula policial del Ministerio del Interior que capitaneó Rubalcaba.
Beneficios penitenciarios
Los beneficios penitenciarios de los presos de la banda también han sido una constante en sus reivindicaciones. Tampoco han faltado. Algunos han sido acercados a cárceles del País Vasco, otros han recibido permisos penitenciarios para cursar estudios y muchos, simplemente, han quedado en libertad. Nos referimos a varios presos de la banda terrorista ETA o del entorno proetarra que disfrutan de una política penitenciaria más permisiva.
Es el caso de sanguinarios terroristas como José Luis Álvarez Santacristina, alías Txelis, o Idoia López Riaño, conocida como la Tigresa, ambos disfrutan de beneficios penitenciarios. Dice el Ministerio de Camacho –antes de Rubalcaba- que el denominador común que une a estos etarras que ahora disfrutan de privilegios es haber mostrado de alguna manera arrepentimiento por su pasado criminal.
La primera excarcelación que provocó indignación llegó de la mano de uno de sus jueces bandera del Gobierno de Zapatero, el magistrado de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones, Baltasar Garzón. El polémico juez excarceló a Rafael Díez Usabiaga, veterano líder del sindicato proetarra LAB y uno de los nombres más destacado del entramado civil de ETA, para que pudiese dedicarse a cuidar de su madre en cumplimiento de la Ley de Dependencia.
También era excarcelado Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Rentería. El que había sido número uno de la organización terrorista ETA hasta su detención en 2000 quedaba en libertad sin cargos.
Más tarde se tiene conocimiento de que el sanguinario terrorista de ETA José Ignacio de Juana Chaos se encontraba en paradero desconocido. El Gobierno Zapatero se vio obligado a reconocer también que no tenía conocimiento del paradero del terrorista, lo que dejó de relevancia que las Fuerzas de Seguridad españolas no habían recibido la orden del controlar los movimientos en tierra irlandesa del sanguinario asesino.
Un permiso a Arnaldo Otegi para visitar a su padre en San Sebastián propició que el portavoz batasuno estuviese más de quince días en la prisión donostiarra sin autorización judicial, una situación que fue denunciada por Libertad Digital. Pese al silencio inicial del Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias, Otegi tuvo que abandonar la cárcel de Martutene. Eso sí, Rubalcaba premió a Otegi trasladándolo desde la prisión madrileña donde cumplía condena, en Soto del Real, hasta el centro penitenciario de La Rioja. La Audiencia Nacional lo absolvió de un delito de enaltecimiento del terrorismo.
Estos han sido algunos de los casos más sonados, pero no los únicos. En estos momentos, en régimen de semilibertad se encuentra los terroristas Luis María Lizarralde, Fernando de Luis Astarloa, Andoni Muñoz de Vivar, José Luis Álvarez Santacristina y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares. Todos ellos accedieron a este beneficio tan sólo unos meses después de ser trasladados al penal alavés de Nanclares de Oca donde el Ministerio del Interior agrupa a los presos que han acreditado su rechazo a la violencia.
El número de acercamientos llevado a cabo en los últimos meses supera la veintena. En 2010 han sido trasladados a la cárcel de Villabona ocho presos: Juan Ignacio Delgado Goñi, Andoni Díaz Urrutia, Sebas Extaniz Alkorta, Anartz Oiarzabal, Asier Ormazabal, Sebastián Prieto, Francisco José Ramada y Gabriel Zabala Erasun. Por su parte, otros ocho han sido los trasladados a Zuera: Josu Amantes, Iñaki Bilbao, Mikel Egibar, Jokin Errazti, Iñaki Etxeberria, Kepa Etxeberria, Aitor Herrera y José Javier Zabaleta.
También han sido premiados por el Ministerio de Alfredo Pérez Rubalcaba, los etarras Sagrario Yoldi Múgica y José Luis Elkoro, que han sido trasladados a las cárceles de Nanclares de Oca (Álava) y Martutene (San Sebastián), respectivamente. El último beneficiado de la política penitenciaria del Gobierno ha sido al veterano dirigente etarra Valentín Lasarte, trasladado este mismo mes a la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca.
Llamativo también es el caso de Fernando García Jodrá y Nerea Bengoa Ziarzolo, dos terroristas de ETA que formaron parte del grupo Barcelona de ETA que causó el terror en Cataluña a principio de los años 2000. A ambos, la consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía les pagará un tratamiento de fertilidad, después de que ambos etarras no hayan conseguido engendrar un hijo en los bis a bis que han mantenido desde que fueron arrestados por la Guardia Civil, según se hizo público en diversos medios de comunicación el pasado mes de mayo.
Pero los permisos para engendrar no han sido sólo para personas. Jaione Intxaurraga Uribarri, la tesorera de Batasuna en Navarra, para la que la justicia pide ocho años de cárcel y que se encuentra en libertad bajo fianza desde que pagase 30.000 euros en 2002, recibió autorización por parte de la Audiencia Nacional para abandonar España y desplazarse hasta el sur de Francia para cruzar a uno de sus perros de competición.
Equiparar víctimas y verdugos
En la llamada Conferencia internacional de Paz de San Sebastián ha pedido este lunes a ETA que haga una declaración pública de cese definitivo toda acción armada y que solicite un diálogo con los Gobiernos de España y Francia, tal y como ha hecho este jueves la banda terrorista. Decía el llamamiento de la conferencia que el objetivo era "tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto", en alusión a los presos de la banda terrorista. Además, instaba a que se adopten pasos para avanzar en "la reconciliación, reconocer, compensar y asistir a todas las víctimas". Esa última expresión es muy común en el lenguaje del mundo de ETA y no se refiere sólo a las víctimas provocadas por sus atentados, sino también a sus propios terroristas detenidos o muertos.
El pasado mes de abril, el Parlamento Vasco aprobaba la concesión de ayudas a los "damnificados por actuaciones policiales o agentes del Estado". La iniciativa, firmada por el PNV, el PSE-EE, Aralar, EA y EB, contempla la reparación de las víctimas de "motivación política" entre los que se encuentran los "damnificados por actuaciones policiales o agentes del Estado". El único partido en abstenerse ha sido UPyD. Suponía equiparar a víctimas, y verdugos al hablar de víctimas de "torturas policiales".
Internacionalización del conflicto
Esta ha sido una constante en los objetivos de la banda terrorista y de su entorno. Con la conferencia, llamada de paz que ha tenido lugar en San Sebastián lo han logrado. Personalidades internacionales como el ex presidente de Naciones Unidas Kofi Annan lo han hecho posible acudiendo a la cita.