Algunos imputados en el caso Malaya ya han manifestado su voluntad de llegar a pactos parecidos al que consiguió el empresario Ismael Pérez Peña a cambio de multas, reducción de penas y dejar fuera del proceso a familiares. Esta vía no beneficia nada a los principales acusados del caso, Juan Antonio Roca, Marisol Yagüe, Isabel García Marcos y otros, que van a ver certificados y confirmados punto por punto su participación en los delitos de los que se les acusa.
El País desvela este miércoles el repentino interés -tras la sorpresa descomunal que dio ayer el empresario burgalés Pérez Peña de admitir que en septiembre de 2005 pagó 180.100 euros al supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca -, del resto de los procesados por tener negociaciones con la acusación. Al parecer, "varios" de los 53 acusados que se sientan en el banquillo en la cuarta y definitiva fase del juicio, se han mostrado proclives a un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. En las próximas jornadas del juicio es probable que se conozca el resultado de estas negociaciones discretas.
El mismo periódico señala que el tribunal que juzga el caso Malaya desde septiembre de 2010 –el jueves se cumple la sesión número 99 del juicio- ve los posibles pactos con buenos ojos. Un acuerdo de conformidad permitiría, por un lado, agilizar el desarrollo del juicio, que, según los ritmos actuales, quedará visto para sentencia en marzo de 2012. Por otro lado, el pacto tendría una consecuencia jurídica inmediata: la trama de corrupción en Marbella quedaría oficialmente probada -al menos en el caso de los que reconozcan su culpa- y se avanzaría en la ejecución de la sentencia, con el cobro de las multas, cuyo importe se podría emplear para resarcir al Ayuntamiento de Marbella.
Pero esta fiebre de pactos no beneficia a Juan Antonio Roca y a sus principales cómplices. El fiscal pide para él 30 años de prisión y 810 millones de euros de multa. Tuvo su oportunidad de llegar a acuerdos con la Fiscalía pero se empeñó en conservar parte del patrimonio acumulado delictivamente, algo que el fiscal no aceptó.
El empresario Carmelo Armenta, una de cuyas sociedades simuló comprar tres chalés a Roca en Mallorca, es el segundo infectado por esta "fiebre del pacto". Armenta reconoció que firmó un contrato sabiendo que era simulado con el fin de justificar dos millones de euros que recibió Roca de Pérez Peña en el año 2006.
El martes quedó claro que la regidora Yagüe adjudicó a dedo a una sociedad de Pérez Peña el servicio de recogida de vehículos de la vía pública. A los dos días de esta adjudicación, fue matriculado el Lexus a nombre de Yagüe. Poco después, Pérez Peña renunció al contrato y se convocó un nuevo concurso, que quedó desierto ya que el Ayuntamiento fijó unas tarifas de recogida de vehículos del año 1990. Tras declararse desierto, Yagüe recibió supuestamente el Kia Sorento. Según las escuchas telefónicas, Pérez Peña, Yagüe y Juan Antonio Roca maquinaron para que se convocara un nuevo concurso, al que solo se presentó el empresario, en el que las tarifas de recogida de vehículos eran mucho más ventajosas -98 euros por coche retirado-. En esa época Roca recibió los 180.100 euros en las cuentas de sus sociedades.