La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) -acusación popular en la causa abierta a Juan Jesús Sánchez Manzano por su actuación en el 11-M- no ha tardado en responder a los ataques que el Sindicato Profesional de Policía (SPP), donde está afiliado el exjefe de los Tedax -principal imputado en dicho procedimiento-, lanzó contra ellos días atrás.
Desde el SPP se llegó a calificar de "absoluta ignorancia" el hecho de haber presentado una nueva batería de diligencias para saber qué ocurrió con los kilos y kilos de restos de los atentados de Madrid.
En un comunicado, los guardias civiles señalan que ellos nunca han pedido la dimisión de Sánchez Manzano sino que simplemente han solicitado a la titular del Juzgado Número 43 de Plaza de Castilla, Coro Cillán, que practique nuevas pruebas " ya que su representado nunca supo explicar la cadena de pésimas decisiones tomadas por él, que eran contrarias al procedimiento y que dieron como resultado la inverosímil declaración ante el tribunal de que no se pudo determinar el tipo de explosivo que fue utilizado por los terroristas".
Por otro, la UO –que engloba al 50 por ciento de la Benemérita- resalta que es "la autoridad judicial la que debe valorar su procedencia y si son o no necesarias" la práctica de nuevas pruebas y no el SPP. Su portavoz, Jesús Martín Vázquez, ha manifestdo en declataciones a LD que "dejen trabajar a los jueces y que no presionen a la magistrada Coro Cillán".
Por último, Martín Vázquez ha ofrecido sus servicios jurídicos a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M para que puedan continuar personadas en la causa contra Sánchez Manzano. La asociación, presidida por Ángeles Domínguez, anunció que debido a las dificultades económicas que atraviesan no sabían si iban a poder continuar ejerciendo de acusación en este procedimiento.