La regulación existente en el tratamiento de datos de carácter personal es muy estricta, en concreto se sustenta en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. No se puede crear una base de datos de carácter personal, automatizada o no, y hacer que sea manejada por manos incontroladas y sin fiscalización alguna.
Pero en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía hay ficheros y bases de datos falsamente declarados como sistema integral de información, sistema que no existe. Hay unas bases de datos de policías, profesores, administración, pagos, contratos, jueces, seguridad, etc. totalmente inconexas unas de otras y que están siendo manejadas incluso por personas ajenas a la administración sin protección alguna.
Según las fuentes consultadas, la Junta de Andalucía publicó en su boletín oficial de 13 de agosto de 2004 una orden por la que se regulaban determinadas bases de datos de carácter personal de la Consejería de Gobernación, en cuyo fichero declarado numero 14, denominado "Sistema de Información de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía" afectaba a su personal, profesores y alumnos, con nivel alto de protección.
Dicho fichero es tan solo un programa que gestiona lo relativo a los alumnos, en su mayoría policías, cursos que realizan, diplomas que expiden, etc., denominado "Programa ESPA". Pero, al parecer, no está declarado un programa de gestión de profesores, denominado GESPRO, escamoteado incluso con ocasión de una inspección informática de la Inspección General de la Junta de Andalucía de no hace aún hace dos años.
De todos modos, la declaración de estas bases de datos es irregular porque la Consejería de Gobernación tiene declaradas todos los bases de datos y ficheros que tiene...¡y pueda tener en el futuro! Aunque parezca increíble, lo que tiene declarado es una suerte de sistema de información, pero tal sistema no existe. Lo que existe son las bases de datos y ficheros aisladamente y que no constituyen sistema alguno.
Sin embargo, la ESPA hace un tratamiento automatizado de los datos personales de su profesorado colaborador, varios miles en toda Andalucía, con los fines de emitir los nombramientos para la docencia en sus cursos destinados a policías locales y bomberos. A tal fin, precisa de todos sus datos personales, desde el DNI hasta la cuenta bancaria, pasando por la profesión, domicilio particular, teléfonos, e-mail, etc. sin protección alguna.
Policías nacionales y locales, guardias civiles, magistrados, jueces o fiscales constan en unas bases de datos que son manejadas fundamentalmente por personal no funcionario, ajeno a la Administración andaluza, contratado externamente para gestionar la formación y sin compromiso de confidencialidad, que puede acceder a ella con privilegios de lectura, escritura y modificación. Por el contrario, el personal administrativo, con rango de funcionarios públicos, carece de acceso ni tan siquiera para la consulta básica de datos del programa Gespro.
Según ha podido saber Libertad Digital, hace años tuvo lugar una Inspección sobre este particular y no halló nada ilegal o irregular.