El balance de los ocho años de Zapatero que realiza El País en su editorial de este martes arroja un resultado demoledor para el todavía presidente del Gobierno. El periódico de Juan Luis Cebrián presenta una enmienda a la totalidad que se da de bruces con la hemeroteca. En su querencia por desmarcarse de Zapatero, el diario de Prisa da pirueta casi esquizofrénica, señalando como origen de todos los males algunas de las políticas de las que este periódico hizo bandera, colocándose en la vanguardia de la defensa del Gobierno y descalificando a quienes entonces formulaban críticas idénticas a las que este martes nos encontramos en el editorial "Rajoy, en vísperas".
Resulta especialmente llamativo un aspecto, aunque no el único, que suscita ahora la severa crítica de El País. Leemos que "las tensiones territoriales, tratadas con frivolidad durante la primera legislatura, han cobrado nuevo e inusitado vigor en la segunda". Una clara referencia a lo que supuso la reforma del Estatuto de Cataluña, proceso en el que El País se significó por su defensa de la labor de Zapatero y la descalificación sistemática del PP y Rajoy –calificado entonces como ‘Mister no’– y los medios de comunicación críticos con en el Estatut, a los que se metía alegremente en el saco de la extrema derecha.
Basta contrastar esta frase con los comentarios editoriales que publicó el periódico entre 2005 y 2006, durante el debate y posterior aprobación del texto estatutario.
El 1 de octubre de 2005, tras la aprobación del nuevo Estatuto en el Parlamento catalán:
Los diputados catalanes han cumplido los dos requisitos que el presidente Rodríguez Zapatero planteó para su aceptación: han fraguado un amplio consenso, del que se ha excluido sólo el PP, y han intentado moverse dentro de los límites de la Constitución, con algunos retruécanos que serán objeto de intensos debates.
No representa a una mitad de la sociedad contra otra, como ocurría en el Plan Ibarretxe; no lo apoyan votos contaminados por la violencia; no pretende desafiar el entramado constitucional como ocurría en aquel caso. Y el parlamento catalán ha ejercido las funciones que le corresponden en el marco legal y constitucional aceptado por todos.
Rajoy se ha apresurado a propugnar la posición más radical frente a la propuesta: que no sea admitida a trámite por la mesa del Congreso y que, en caso contrario, el Gobierno disuelva las Cortes y convoque elecciones para que los ciudadanos puedan pronunciarse ante lo que a su juicio es una reforma constitucional en toda regla
El 22 de octubre de 2005, valoraba así la posición del PP en contra de la reforma del Estatuto:
Las proposiciones que el PP está presentando en ayuntamientos y otras instituciones, con formulaciones y justificaciones expresamente dirigidas a evitar que las vote el PSOE -ZP vende a España, aniquila el abrazo de los españoles en la Constitución, etcétera-, no parece que puedan favorecer un debate racional. Rajoy, como cualquier otro político responsable, tiene la obligación de desmarcarse de quienes le animan a plantear el debate como un enfrentamiento de Cataluña contra España.
Si el PP quiere evitar el arrinconamiento en la extrema derecha al que le está conduciendo su líder efectivo, debe implicarse en el debate parlamentario y dejar las descalificaciones tremendistas de las últimas sesiones de control, sólo buenas para la propia hinchada. La resolución del Parlamento catalán de abrir paso a una negociación del texto, frente a CiU, que proponía su defensa sin enmienda alguna, ofrece margen para que el PP, tras la votación de su ya seguro rechazo a la totalidad en el Pleno del 2 de noviembre, participe en la negociación del articulado.
El 3 de noviembre de 2005, saludaba la aprobación de la toma en consideración en el Congreso, con el editorial "Mayoría por el pacto":
Zapatero desveló su fórmula sobre la definición de Cataluña: "Cataluña tiene identidad nacional" (...) Como resumen de su posición, el presidente del Gobierno se comprometió a que la constitucionalidad del texto se manifieste en el respeto de tres principios: libertad para que los ciudadanos puedan vivir su identidad sin imposiciones; igualdad de derechos; solidaridad entre los territorios que garantice la cohesión del conjunto.
Fue significativa la amargura manifestada por los tres ponentes catalanes por lo que Carod consideró "tópicos y prejuicios" sobre los catalanes. Y especialmente la apelación que Duran Lleida dirigió a los obispos españoles desde su condición de creyente para pedirles que pongan término a la siembra de odio y confrontación que se realiza a diario desde alguno de sus medios de comunicación. El dirigente demócrata cristiano manifestó que siente "todo este cúmulo de atrocidades como la antítesis del Evangelio".
El 23 de enero de 2006, tras el acuerdo entre Zapatero y Mas, publicaba "Nuevo Estatuto al fin":
Un pacto implica cesiones recíprocas, y es lo que ha habido.Se ha buscado una solución pragmática. Se admite e inscribe en el preámbulo que los catalanes, a través de su Parlamento, consideran a Cataluña como nación, pero se remiten sus eventuales consecuencias a la distinción constitucional entre nacionalidades y regiones: ni más, ni menos. Y para que no haya dudas, en el articulado se vuelve a la definición como nacionalidad en los términos del Estatuto aún vigente.
Es bueno que haya acuerdo, que el Estado haya demostrado fuerza para no ceder en cuestiones que pondrían en cuestión su función como garante de la igualdad y solidaridad y que ello sea compatible con una actitud no intransigente en cuestiones en sí mismas discutibles. Son tan excesivas e inexactas las palabras con que Eduardo Zaplana ha reaccionado en nombre del PP ante el acuerdo -en contraste con la reacción de todos los otros partidos e incluso de los líderes del PSOE más reticentes- que no hacen más que subrayar el momento político en que Zapatero alcanza uno de los objetivos más trascendentes que se había marcado para su primera legislatura.
El 1 de febrero de 2006, arremetía contra el PP con un editorial titulado "Partido Populista":
Pedir firmas a favor de la unidad de España y la igualdad de todos los ciudadanos, para contraponer esos dos objetivos al Estatuto catalán que se debate en las Cortes, es puro ventajismo político destinado a movilizar sentimientos más que razones.
La negociación entre el Gobierno y los cuatro partidos que habían aprobado el proyecto de Estatuto ha limado las aristas inconstitucionales o incompatibles con la lógica autonómica, sobre las que habían alertado expertos y políticos, incluyendo algunos del PP. Pero en lugar de felicitarse por esa corrección, la dirección popular ha decidido mantener el discurso del rechazo frontal, e incluso llevar esa confrontación a la calle. Y con los peores argumentos: "Me parece inaudito que haya quien se oponga a que los españoles opinen", dijo ayer Rajoy, en un rapto de demagogia.
El 22 de marzo de 2006, la aprobación del texto en la Comisión Constitucional del Congreso era saludada con el editorial "Estatuto listo":
El nuevo texto aumenta las competencias de la Generalitat, refuerza las garantías del autogobierno y mejora la financiación; pero todo ello conforme a un modelo susceptible en principio de extensión a otras comunidades.
Rajoy ha preferido vender la idea de que el texto salido de la Comisión es tan inconstitucional e inaceptable como el que llegó del Parlamento catalán; esa estrategia culmina con el disparate de la recogida de firmas.
Una enseñanza, que sirve sobre todo para el proceso que pronto se abrirá en el País Vasco, es que la lógica autonómica implica equilibrios que no se pueden romper unilateralmente. Otra conclusión es que hay que separar la política de alianzas, coyuntural por definición, de las lealtades básicas a las que ningún gobierno central podrá renunciar. Y una tercera, que no hay oposición más estéril que la que se limita a profetizar la catástrofe, haga lo que haga el Gobierno.
El 31 de marzo de 2006, pedía literalmente "Que dure", después de su aprobación en el Pleno del Congreso:
Se trata de una reforma en profundidad, que amplía el articulado, aumenta las competencias e introduce mecanismos de garantía frente a eventuales recortes por la vía de la legislación estatal. Supone, por tanto, una importante ampliación, cuantitativa y cualitativa, del autogobierno, aunque suprima o corrija bastantes artículos del anteproyecto salido del Parlamento catalán.
Rajoy reprochó ayer a Zapatero haberse desentendido de la interpretación que los nacionalistas están haciendo de aspectos esenciales del Estatuto; sin embargo, el PP está avalando esa interpretación interesada cuando afirma, para cargar las tintas, que el texto reconoce a Cataluña como nación: algo que resulta muy forzado predicar del texto en su redacción actual. La credibilidad de las críticas del PP se ve muy menguada por su sesgo demagógico.
El 19 de junio de 2006 ‘celebraba’ el resultado del referendum, "a pesar de todo":
Los dos partidos que propugnaban el voto negativo, Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya, han obtenido un resultado mediocre, al alcanzar apenas algo más del 20% de los votos, ocho por debajo de la suma de sus porcentajes en las últimas elecciones autonómicas.
El proceso que hoy culmina con la consulta a los ciudadanos, perfectamente reglado por nuestro sistema legal, es en sí mismo una fórmula que fabrica consenso y legitimidad, y tiene la virtud de cerrar de una vez un periodo excesivamente agitado de la vida política catalana.
No es la ‘territorial’ la única pirueta que se observa en el editorial de este martes de El País. También critica que "Zapatero dilapidó su credibilidad con la misma velocidad que la había ganado. En especial cuando, declarada la crisis, trató primera de negarla y, después, de combatirla a golpes de propaganda e improvisación". Podría decirse que el periódico de Cebrián su suma así, siguiendo su propias palabras a los ‘antipatriotas’ que alertaban ya en 2008 de la que se venía encima en materia económica.
El análisis que hizo El País –"Cuestión de confianza"– del debate electoral que el 22 de febrero de 2008 enfrentó al entonces vicepresidente económico Pedro Solbes con Manuel Pizarro es especialmente significativo:
Caben muy pocas dudas de que Solbes triunfó con holgura. En su estilo poco ameno, el vicepresidente transmitió la serenidad que necesitan los ciudadanos, y en particular los inversores, en tiempos de incertidumbre. Y lo hizo con un diagnóstico más realista que la dramática insistencia en la ruina de los españoles y la retórica de "los males de la patria" de Pizarro.
Se impuso el diagnóstico económico de Pedro Solbes: la economía española se enfrenta a una desaceleración económica, causada por el fin del boom de la construcción y agravada por factores externos como el precio del petróleo, la crisis financiera y elevación de tipos. El diagnóstico alternativo ofrecido por Pizarro, que insiste en dibujar una tenebrosa crisis causada en todos sus términos por la incompetencia del Gobierno, simplemente no se sostiene. Las proyecciones económicas no avalan una recesión -la previsión peor augura un crecimiento del 2,7% para este año- y las tasas de crecimiento del PIB y del empleo durante los últimos cuatro años desmienten la tesis de los errores catastróficos.
Hoy por hoy, la credibilidad económica del Gobierno es superior a la del PP. El peso de Pizarro no ha minado la credibilidad de Solbes, más bien al contrario.