A partir de este martes, los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberán decidir si detrás del chivatazo a ETA hubo o no un delito de colaboración con banda armada. De ello, dependerá que el caso permanezaca en este órgano judicial o, al contrario, vuelva a Irún.
El soplo: El 4 de mayo de 2006 estaba preparada la operación Urogallo que pretendía desmantelar el aparato de extorsión de la banda terrorista, que se centralizaba a través del bar Faisán, situado junto a la frontera de Irún y Behobie. Pero, en pleno proceso de negociación de Zapatero con la ETA, alguien alertó a Elosua, y desbarató la operación policial.
El escenario: la negociación del Gobierno de Zapatero con ETA. Según consta en el El sumario esta delación se enmarcó dentro de las negociaciones entre el Ejecutivo socialista y la banda criminal. En los documentos incautados al jefe etarra Thierry consta que en el año 2006, dos emisarios del Gobierno comunicaron a la banda terrorista que las detenciones de Elosua y sus cómplices fueron un "accidente". "Dice que han intentado todo para evitar" la operación contra la red de extorsión de ETA "pero que no han podido pararlo".
Los jueces instructores del chivatazo: La investigación la abrió el juez Fernando Grande Marlaska que se encontraba sustituyendo temporalmente a Baltasar Garzón en el juzgado de Instrucción Número 5. Cuando el juez estrella se reincorporó al juzgado guardó el asunto en un cajón durante más de tres años. La suspensión de Garzón como juez de la Audiencia Nacional supuso la llegada del juez Pablo Ruz y la reactivación del caso. El peso de esta investigación es mérito de este último magistrado.
La postura del fiscal: La instrucción se ha enfrentado a la actitud obstruccionista de la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público ha hecho, y sigue haciendo, todo lo posible por echar tierra sobre este escándalo. El 5 de octubre de 2009 solicitaba el archivo del caso porque consideraba "agotada" la investigación porque no se podía determinar quién informó a la banda terrorista. Ahora, se opone a que se siente en el banquillo a los tres policias procesados por el delito de colaboración con banda armada.
Víctor García Hidalgo. Uno de los tres procesados. Era el director general de la Policía cuando se produjo el chivatazo. Actualmente está imputado en el caso y es el secretario de Organización del PSE en Álava. En las investigaciones aparece como la persona que ordenó el soplo a la banda terrorista.
Inspector José María Ballesteros. Otro de los procesados en el caso. Destinado en Vitoria en el momento que se produjo el chivatazo a ETA, era el hombre de máxima confianza del jefe superior de la Policía del País Vasco, Enrique Pamiés. Este mando policial aparece saliendo del bar Faisán cuando se produjo el soplo, según las imágenes del vídeo entregadas por el equipo de investigación dirigido por Carlos G.
Enrique Pamiés. El tercer procesado en la causa. Jefe Superior de la Policía del País Vasco. Ascendió a Comisario en el año 2004. Fue destinado como Jefe Provincial de la Comisaría de Vitoria. Desde su ingreso en el Cuerpo Superior de Policía en 1980 ha realizado toda su carrera profesional en el País Vasco. Las investigaciones dicen que fue quien habló con Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán, con un teléfono que le había facilitado José María Ballesteros.
Carlos Germán. Responsable del equipo de investigación del chivatazo, encargo que le hizo el juez Grande Marlaska. Uno de los nombres más comprometidos del caso, en su informe situó como responsables del soplo al que fuera director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y al jefe policial del País Vasco. Recientemente, el comisario José Cabanillas, su superior, le acusó de querer destruir las pruebas del chivatazo. Fue el único que culpó desde el principio a los tres procesados. Muchas acusaciones se han vertido contra este agente al que han calificado en más de una ocasión como cabeza de turco.
Alfredo Pérez Rubalcaba. Candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno. Llegó al Ministerio de Interior de Rodríguez Zapatero un mes antes de que se produjera el chivatazo. Su llegada al Gobierno coincidió con la negociación con ETA. Durante los cinco años que han pasado ha intentado disminuir la importancia del caso Faisán y recientemente ha declarado que.
Antonio Camacho. Actual ministro de Interior. Era el secretario de Estado de Seguridad y número dos de Rubalcaba cuando se dio el soplo. La investigación llega hasta él y hasta su teléfono del cual salieron llamadas a varios de los imputados durante los días anteriores y posteriores al chivatazo a ETA. Esas llamadas tenía como destinado un móvil no oficial del director de la Policía, el mismo que dio como salvoconducto a uno de los etarras que negociaba con el Gobierno, Jon Iurrebaso. Además, fue el que acudió hasta París para intentar calmar a la juez Le Vert tras el soplo.
Comisario José Cabanillas. Era jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) cuando se produjo el chivatazo. Declaró la primera semana de febrero en la Audiencia Nacional y acusó al encargado de investigar el soplo, Carlos Germán, de querer destruir las pruebas y trató de desacreditar los informes que apuntaban a la cúpula de Interior como responsable del escándalo. Anteriormente fue el responsable de orientar el contenido de la mayoría de los informes del 11-M que apuntaban a Bin Laden y al terrorismo islámico internacional.
El futuro del caso: Éste comienza a analizarse este martes en la Audiencia Nacional. El Pleno de la Sala de lo Penal celebrará una vista a puerta cerrada donde 15 magistrados deberán determinar si detrás del chivatazo a ETA que se dio el 4 de mayo de 2006 en el bar de Joseba Elosúa –el presunto cobrador de la banda terrorista- hubo o no un delito de colaboración con banda armada. De ello depende que el caso permanezca en este tribunal o, por el contrario, acabe en los juzgados de Irún.