Los tres magistrados de la Audiencia Nacional que juzgarían el chivatazo al aparato de extorsión de ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) se han inhibido del Pleno de la Sala de lo Penal que analizará el próximo 20 de septiembre si este tribunal es competente para instruir la causa.
Según fuentes jurídicas que cita Europa Press, el presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, Alfonso Guevara, y los magistrados de este tribunal Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri han comunicado su intención de apartarse del Pleno para no quedar contaminados de cara a un futuro juicio oral.
De esta forma, serán 15 los magistrados de la Sala de lo Penal que participarán en la vista en la que se analizarán los recursos que las defensas de los tres procesados --el exdirector general de la Policía, Víctor García-Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés; y el inspector José María Ballesteros-- presentaron contra el auto de procesamiento que dictó el juez Pablo Ruz el pasado 13 de julio.
El tribunal estará encabezado por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez; y constituida por otros cuatro magistrados de la Sección Primera (Manuela Fernández de Prado, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez y Nicolás Poveda); cinco de la Segunda (Fernando García Nicolás, Ángel Hurtado, Julio de Diego, Enrique López y José Ricardo de Prada, que será el ponente); otra de la Tercera (Ángeles Barreiro) y otros cuatro de la Cuarta (Ángela Murillo, Teresa Palacios, Juan Francisco Martell y Carmen Paloma González).
El Pleno de la Sala de lo Penal acudirá a la deliberación con una máxima división en relación con este asunto, ya que los magistrados progresistas serían partidarios de no considerar el chivatazo como un delito de colaboración con organización terrorista y el sector conservador se decantaría por mantener la causa en la Audiencia Nacional.
La Sala, que se reunirá a partir de las 17.00 horas del 20 de septiembre en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, decidirá si los hechos investigados podrían constituir un delito de colaboración con organización terrorista o encubrimiento con fines terroristas, en cuyo caso la causa permanecería en este tribunal, o si sólo podrían ser constitutivos de revelación de secretos, lo que trasladaría la investigación a un juzgado de Irún.
Gómez Bermúdez decidió el pasado 26 de julio elevar al Pleno el estudio de los recursos de las tres defensas, dada la "complejidad e importancia jurídica" que supone decidir sobre la comisión de los imputados de un delito de colaboración con organización terrorista.
Ruz procesó el pasado 13 de julio a García-Hidalgo, Pamiés y Ballesteros al considerar que el chivatazo al propietario del bar 'Faisán', Joseba Elosua, impidió la detención de miembros de la banda terrorista ETA y permitió la financiación de la banda a través del dinero obtenido de la extorsión.
Según el relato del juez, que reproducía los argumentos del jefe del equipo policial que investigó el chivatazo, Carlos Germán, García Hidalgo consensuó con Pamiés la delación, que el jefe superior de Policía del País Vasco realizó después de que el inspector Ballesteros, que se había desplazado hasta el establecimiento, le entregara un móvil al dueño del 'Faisán'.