Zapatero pone punto y final a su legislatura con una reforma constitucional, la segunda que sufre la Carta Magna aprobada en 1978. Lo ha hecho gracias a los 316 votos reunidos por PP y PSOE, que sólo consiguieron el apoyo de UPN.
El presidente asumió el poder prometiendo, entre otras medidas, una reforma de la Carta Magna. Pero lo aprobado nada tiene que ver con la reforma de la que habló en su discurso de investidura en 2004, que conllevaba cambios en el Senado y en la sucesión a la Corona. Lo que este viernes se ha aprobado ha sido la inclusión de un límite al déficit que él ha incumplido sistemáticamente durante su gobierno y que además viene impuesto desde fuera.
Reconvertido en defensor a ultranza de poner coto al gasto, -esta misma semana dijo que había que aprobarlo "con la máxima velocidad"-, el presidente que ahora predica contención impulsó, antes y durante la crisis, medidas que terminaron disparándolo. El superávit de las cuentas públicas antes de la recesión le llevó a anunciar una devolución de 400 euros a todos los ciudadanos que pagan el IRPF. Lo arbitrario de la medida y el hecho de que dejara fuera a los ciudadanos con las rentas más bajas chocó incluso dentro de su propio partido. Cuestionada fue también la idea del cheque-bebé de 2.500 euros y, ya en plena recesión, los numerosos parches de Zapatero basados de nuevo en el gasto público. El ejemplo más evidente es el del plan E, que no sirvió para crear empleo estable ni tampoco para aliviar la maltrecha situación económica de los Ayuntamientos y que costó al erario público 8.000 millones de euros. Pero hay muchos más: el Plan E para la construcción y rehabilitación de edificios, el plan VIVE y el 2000E para la venta de automóviles, las primas a las renovables...
Zapatero podrá, pues, presumir de haber logrado al final de su mandato el consenso suficiente para sacar adelante una reforma constitucional, pero ese acuerdo le obliga a renegar de la política económica que él ha puesto en práctica. Además, el cambio le ha enfrentado a su partido y al candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba. También le ha enemistado, aparentemente, con los votantes más situados a la izquierda y con ese movimiento ‘indignado’ del que Gaspar Llamazares ha querido hoy convertirse en representante con su salida de tono en el Congreso. Los nacionalistas, por último, también le han dado la espalda después de haberle sostenido durante ocho años: la dureza de sus críticas dentro y fuera del hemiciclo demuestran que el presidente, y su gobierno, se dan más que amortizados. Y de nada sirvieron esta vez las negociaciones sin cámaras de última hora: aunque los nacionalistas arrancaron a PSOE y PP la promesa de una enmienda que otorgara cierta autonomía a Cataluña sobre el déficit, Duran declaró por la tarde que ni siquiera eso hubiera logrado el voto a favor de su partido.
Fin de legislatura con más paro y sin margen de maniobra
Tras la votación de este viernes, sólo queda la aprobación de la reforma en el Senado, prevista para el próximo miércoles, y el plazo de quince días antes de la disolución de las Cortes para reclamar un referéndum en el caso de que se lograran los apoyos necesarios. Los plazos están tan ajustados que se descartan cambios en el texto definitivo, por lo que ésta será la última decisión de calado de este Ejecutivo.
Se abre ahora un tiempo muerto hasta la disolución de las Cortes y la celebración de las elecciones -ya ni siquiera hay tiempo para la aprobación y entrada en vigor de esa subida de impuestos con la que se ha venido especulando-. Y a Zapatero sólo le queda confiar en que su última improvisación, el cambio constitucional, sirva para calmar a los mercados y convencer a sus socios europeos de que sigan comprando deuda española si regresan las turbulencias en otoño, como temen en Moncloa.
Los malos datos económicos, en cualquier caso, le siguen acompañando como hasta ahora. Este mismo viernes, poco antes de comenzar el pleno, trascendía que el paro ha vuelto a subir en agosto y que son casi dos millones los desempleados que no tienen prestación. La prima de riesgo tampoco daba tregua pese al resultado de la votación: tras la relajación de los últimos días, volvía a superar los 300 puntos y el Ibex-35 cerraba con casi cuatro puntos de pérdidas.