El PP andaluz exige una auditoría total de la Consejería de Empleo

Desde el escándalo de los ERE al denunciado mismo de las subvenciones a discapacitados a los que se vejaba y despedía, la Consejería de Empleo del gobierno Griñán ha expelido un olor a podrido reconocido incluso por los que en el PSOE mantienen el sentido común. Por ello, a nadie ha extrañado que el PP andaluz haya exigido una auditoría general de la Consejería más escandalosa de España.

La portavoz del Partido Popular andaluz, Rosario Soto, denunció que la Junta de Andalucía asfixiaba por impago a los centros especiales de empleo que trabajan para la inserción laboral de las personas con discapacidad, mientras permite el fraude en algunos centros por falta de control. La portavoz popular aseguró que existen demasiadas anomalías e irregularidades en el uso de fondos públicos por parte de la Consejería de Empleo, por lo que anunció que el PP va a pedir que la Cámara de Cuenta realice una auditoría integral de la consejería.

Soto señaló que "resulta llamativo y prueba el descontrol del gobierno andaluz" que una empresa que ha defraudado fondos de la Consejería de Empleo tenga la misma sede fiscal que la delegación de Empleo en Jaén y esté ubicada en el mismo edificio. Agregó que es una evidencia de que no existe inspección, ni garantía previa de las ayudas ni fiscalización.

"La desgana y dejadez del gobierno andaluz –dijo- permite el fraude, puesto que su obligación es fiscalizar, inspeccionar y garantizar el correcto funcionamiento de las ayudas". Asimismo, se preguntó dónde está el dinero, puesto que gran parte de estas ayudas proceden de la Unión Europea y han llegado a la Junta de Andalucía.

La portavoz del PP andaluz afirmó que, paradójicamente, la Junta de Andalucía adeuda decenas de millones de euros a los centros que honradamente prestan sus servicios, lo que afecta a 400 centros y a más de 2.000 personas con discapacidad.

El PP ha registrado en la Cámara autonómica la solicitud de una comisión de investigación sobre este fraude, así como la comparecencia del consejero de Empleo, Manuel Recio. Soto señaló que Recio debe dar una respuesta clara, ya que es "una tomadura pelo" la contradicción entre el consejero y Griñán para intentar eludir su responsabilidad en la falta de control. En este sentido recordó que mientras Recio afirma que la Junta de Andalucía fue la que denunció el fraude, Griñán señaló que el gobierno actuaría si encontrase alguna irregularidad

Los escándalos de la Consejería de Empleo

El último de esos escándalos es el relacionado con las ayudas tramitadas por la Administración autonómica para los centros especiales para personas con discapacidad.

Recuérdese que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas investigan las prejubilaciones pagadas por la Junta por expedientes de regulación de empleo, de las que se beneficiaron al menos 72 falsos trabajadores. Hay un ex consejero imputado y varios altos cargos de la Junta relacionados con el caso.

Tampoco se olvide que la Guardia Civil y la Fiscalía investigaron un supuesto fraude con el Fondo Social Europeo para la contratación. Las empresas implicadas despedían a los trabajadores tras cobrar las ayudas oficiales, método habitual.

La Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla ya encontró otro fraude relacionado con las subvenciones que da la Junta para la creación y mantenimiento de empleo. Un Juzgado de Sevilla investiga a una docena de altos cargos por estafa, prevaricación y apropiación indebida de fondos para contratar a discapacitados.

Y en paralelo, como resume Abc, ha surgido otra denuncia contra una empresa dedicada a este tipo de contratos, que supuestamente recibía las ayudas y no mantenía los empleos.