Un real decreto ley aprobado el pasado 26 de agosto cede un mayor control de los ríos a las autonomías. Las tres principales beneficiadas serán Andalucía, Cataluña y Aragón.
La cesión de competencias se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes, aunque pasó prácticamente inadvertido ante otros asuntos, como la reforma constitucional o la de los contratos de trabajo.
Hasta el momento, el Estado central solo podrá transferir estas labores de control de aguas y cauces a Andalucía, Aragón y Cataluña, que ya se atribuyeron el derecho a vigilar el dominio público hidráulico al reformar sus estatutos de autonomía.
La comunidad andaluza es la autonomía en la que esta aprobación tiene mayor peso político. En marzo, el Tribunal Constitucional anuló el artículo 51 del nuevo Estatuto, que permitió la transferencia a la Junta de las competencias sobre el Guadalquivir de las aguas de la cuenca que discurren por Andalucía.
Según la norma aprobada, en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, el ejercicio de las funciones descritas en el apartado 2 del artículo 94 de la citada ley corresponderá a las comunidades la competencia ejecutiva sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico, si así la tienen previsto en sus estatutos.
De hecho, en este apartado se enmarcan las funciones de inspección y control del dominio público, información sobre crecidas, control de las aguas, vigilancia de las obras y la aplicación de la normativa de policía de agua y cauces.
Asimismo, será aplicable a los órganos competentes de las comunidades lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 94 de esta ley.
Según estos dos artículos, los agentes medioambientales destinados en las comisarías de aguas de los organismos de cuenca tienen el carácter de autoridad pública y están facultados para entrar libremente y sin previo aviso en los lugares sujetos a inspección, practicar cualquier diligencia de investigación o tomar muestras de materiales o sustancias, entre otras.
Pese a su discreción mediática, la medida ya está suscitando fuertes críticas. Los principales grupos ecologistas con representación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente rechazan la modificación de la Ley de Aguas aprobada en el último Consejo de Ministros al considerar que es anticonstitucional, rompe la unidad de cuenca y presenta graves irregularidades formales. Según Efe, WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, exigen la retirada del real decreto y un debate público sobre la política de aguas de este país, informan en un comunicado.
