Este lunes, la localidad guipuzcoana de Zumaya ha vivido un nuevo homenaje al empresario José María Korta, ex presidente de la patronal provincial, que el 8 de agosto de 2000 fue asesinado por terroristas de ETA, que colocaron un coche-bomba en la entrada de su empresa.
Once años después, un centenar de personas se ha congregado en torno al monolito que le rinde homenaje en el mismo lugar donde fue asesinado. Un acto que ha contado, por primera vez, con dirigentes políticos que representaban a Bildu, la coalición electoral patrocinada por Batasuna, el brazo político de ETA. Este hecho no ha sido visto con buenos ojos por algunas víctimas, que han considerado su presencia como una "ofensa".
El portavoz de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, ha afirmado en declaraciones a Libertad Digital que en lo primero que ha pensado cuando se ha enterado de la presencia de dirigentes de Bildu ha sido "en la hoja de ruta trazada por Mikel Antza –ex número uno de la banda terrorista ETA–, donde dentro de los pasos de la negociación, existía un proceso de conciliación".
Según dijo, "en el mismo, iba a ver un reconocimiento del daño causado por ambas partes, del causado por ETA, por un lado, y del causado por España y Francia, por el otro, lo que es igualar a víctimas con verdugos".
Asimismo, ha asegurado que "como víctima me produce rechazo que unos dirigentes que apoyan a la banda terrorista ETA estén en un homenaje a las víctimas". "Es una ofensa", ha añadido, para mostrarse seguro de que "si hubiera sido el homenaje a mi hermano y mis sobrinas estoy seguro que no hubiesen acudido".
Por su parte, el portavoz de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha recordado en declaraciones a este periódico que en documentación incautada a la banda terrorista donde se dice que "los miembros del aparato institucional de ETA deben acostumbrarse a las nuevas circunstancias, con el objetivo de no dar nuevas pistas que faciliten su ilegalización".
"Van a hacer lo que sea para burlar la democracia y la ley", ha asegurado, tras recordar que existen "más de una treintena de indicios" para ilegalizar a Bildu y mostrar su esperanza en que "el próximo Gobierno, el nuevo", lo lleve a cabo.
