El próximo 26 de septiembre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ordenará la disolución de las Cortes; del Congreso y el Senado. Ese día el PSOE verá cómo caducan muchos de sus proyectos políticos cuya tramitación parlamentaria quedará en el aire. Además, a falta de sorpresa, este Ejecutivo abandonará el poder habiendo sido incapaz de renovar una de las instituciones más importantes de cualquier estado democrático; el Tribunal Constitucional.
Un tribunal que desde el pasado mes de junio sufre la etapa más comatosa y precaria de su historia tras la dimisión, no aceptada, de tres de sus miembros. El pasado 11 de junio los magistrados Eugeni Gay (vicepresidente del TC), Elisa Pérez Vera y Javier Delgado presentaron su renuncia ante su presidente, Pascual Sala, quien rehusó aceptarlas con el fin de "garantizar" el normal funcionamiento democrático.
Sus renovaciones estaban pendientes por el Congreso desde noviembre de 2010, momento desde el cual se encontraban ejerciendo sus puestos en funciones. La situación de provisionalidad en la que se encontraban tras concluir su mandato –Gay, Pérez Vera y Delgado llevan más de diez años en el TC- y la paralización en el Congreso de los contactos políticos dirigidos a renovar sus plazas fue la razón aducida por sus señorías para justificar una decisión tan extrema y que al final quedó en un simple gesto.
Por otro lado, la Cámara Baja también está pendiente de renovar un cuarto puesto en el Alto Tribunal desde el año 2008 tras el fallecimiento del magistrado, Roberto García Calvo.
Con este delicado escenario, el presidente del Congreso, José Bono, anunció tras las dimisiones a toda prisa que convocaría para el 1 de septiembre una reunión de la Comisión de Nombramientos del Congreso con la esperanza desatascar el bloqueo del Constitucional. Sin embargo, una campaña electoral a contrarreloj ante la próxima cita con las urnas del 20-N y la 'guerra' de nombres abierta entre PP y PSOE por colocar a magistrados afines en el TC harán altamente improbable llegar a un acuerdo antes de la disolución de las Cortes.
Mientras tanto, con la llegada del nuevo año judicial el próximo septiembre el intérprete supremo de la Constitución está pendiente de pronunciarse sobre cuestiones trascendentales que pueden poner en aprietos al Gobierno de Zapatero. En primer lugar, porque sus señorías en los últimos plenos de julio decidieron aplazar para después de verano su veredicto sobre la 'doctrina Parot'.
De sus futuras decisiones, dependerá que muchos etarras abandonen la prisión antes de lo previsto siendo éste un asunto de alta sensibilidad para las víctimas del terrorismo y para la ciudadanía en general. Una decisión que aunque sólo atendiera a cuestiones jurídicas despertaría recelo, y también dolor, entre quienes han sufrido el terror de ETA y que a estas alturas no se fían de una institución tan politizada y que adoptada decisiones tan polémicas, como, por ejemplo, la legalización de Bildu.
Por otro lado, diversos medios de comunicación ya han apuntado a que el actual Constitucional, compuesto por una abultada mayoría de jueces elegidos a propuesta del PSOE – siete son progresistas frente a cuatro conservadores-, aprobará antes del próximo otoño la legalización de Sortu. De ser así, esta formación podría registrarse in extremis en el registro de partidos del Ministerio del Interior de cara a las próximas elecciones generales. Una medida que impidió el Tribunal Supremo al considerar que Sortu era la heredera de la ilegalizada Batasuna.
Eso sí, hay que tener en cuenta que aunque poder político y judicial son independientes y manjean tiempos distintos, a nadie se le escapa que hay una norma no escrita que hace que los magistrados no se inmiscuyan en la campaña.