Ya hay fecha: el próximo 20 de noviembre serán las elecciones generales. A partir de ahora los candidatos comenzarán a hacer campaña –aunque no sea de forma oficial- y, por lo tanto, la cuenta atrás ya ha comenzado. Entre los quebraderos de cabeza del candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, está el caso Faisán.
Sin duda el chivatazo a ETA de manos de tres altos mandos policiales cuando él era ministro de Interior será una de las ‘patatas calientes’ de los próximos meses. La reciente maniobra del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, para sacar el caso de este tribunal podría ser una gran ayuda para el candidato Alfredo P.
Después del golpe de efecto de Bermúdez y una vez que el juez Pablo Ruz ha procesado a los tres agentes imputados en el caso –el exdirector general de la Policía, Victor García Hidalgo, el jefe del País Vasco, Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros- por la filtración a la red de extorsión etarra, el futuro del caso queda en manos de 18 jueces de la Audiencia Nacional. De su reunión en pleno –fijada para la vuelta del verano- depende que se siente en el banquillo de los acusados a los hombres de Rubalcaba por un delito de colaboración con banda armada.
Otro de los talones de Aquiles judiciales del PSOE es la causa que se sigue contra Sánchez Manzano por su actuación en el 11-M. La titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Plaza de Castilla, la magistrada Coro Cillán, está decidida a averiguar quién fue el responsable de que se destruyeran miles de kilos de restos de la masacre. Entre las diligencias previstas, septiembre tendrá lugar una de las declaraciones más importantes de este caso. El día 8 testificará ante la juez la mano derecha del exjefe Tedax, Fernando Blázquez, quien se podría haber responsabilizado de los restos de la masacre.
Por otro lado, muchas de las cuestiones que pueden poner en aprietos a los políticos en los próximos meses las podrías protagonizar el Tribunal Constitucional (TC). En primer lugar, porque sus señorías -en las últimas celebraciones de sesiones plenarias en julio-dejaron para después de verano su pronunciamiento sobre la 'doctrina Parot'. De sus decisiones, depende que muchos etarras abandonen la prisión antes de lo previsto siendo éste un asunto de alta sensibilidad para las víctimas del terrorismo y para la ciudadanía en general.
Asimismo, diversos medios de comunicación ya han apuntado a que el actual Constitucional, compuesto por una abultada mayoría de jueces elegidos a propuesta del PSOE – siete son progresistas frente a cuatro conservadores- aprobará antes del próximo otoño la legalización de Sortu. De ser así, esta formación podría registrarse en el registro de partidos del Ministerio del Interior de cara a las próximas elecciones generales algo que impidió el Tribunal Supremo.
Por otra parte, a nadie se le escapa que el TC sigue pendiente de renovar cuatro de las plazas de sus magistrados. Tres de ellas porque el mandato de sus señorías ya ha expirado y se encuentran por lo tanto trabajando en la interinidad, es el caso de Eugeny Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado y, un cuarto puesto por el fallecimiento en 2008 del magistrado, Roberto García Calvo. El presidente del Congreso, José Bono, anunció que convocaría para el 1 de septiembre una reunión de la Comisión de Nombramientos con la esperanza desatascar el bloqueo del Constitucional. El pasado 30 de junio venció el último plazo que dio el socialista para que PP y PSOE llegaran a un acuerdo sobre la renovación del TC sin que éste se alcanzara.
Pero no sólo le salen los ‘enanos’ a Rubalcaba con los tribunales ya que tampoco será agradable para el presidente del PP, Mariano Rajoy, ver sentado en el banquillo de los acusados a uno de sus expresidentes autonómicos como Francisco Camps por el caso de los trajes de Gürtel. Más preocupación despertará en el actual líder la oposición la posibilidad de que el juez de Valencia, José Ceres, acuse a algunos de sus diputados de financiar ilegalmente su partido en esta Comunidad.
Aunque al hablar de juicios importantes es inevitable mencionar a un hombre que es juez pero también fue parte al militar en el PSOE, Baltasar Garzón. El magistrado de la Audiencia Nacional, actualmente suspendido de sus funciones, se sentará en el banquillo de los acusados por tratar de enjuiciar la Guerra Civil y el franquismo y también por las escuchas de caso Gürtel. Ambas citas, que son inevitables, tendrán lugar en el Tribunal Supremo en los próximos meses aunque todavía no hay fecha fijada y constituyen dos de los acontecimientos más esperados de la próxima temporada.