El Gobierno da luz verde a la ley que deja la instrucción a los fiscales

Ya no habrá imputados sino "investigados" ni tampoco procesados sino "acusados". La instrucción la dirigirá el fiscal controlado por un juez de garantías. Mientras tanto otro juez, el de audiencia preliminar, decidirá si existen suficientes indicios como para que el investigado se siente en el banquillo de los acusados y un tercer magistrado -ajeno a la investigación- juzgará los hechos. El objetivo: preservar al máximo los derechos de los ciudadanos.

Éstas son algunos de las novedades con las que cuenta el Anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha aprobado este viernes el Gobierno en su sesión semanal del Consejo de Ministros. Con este proyecto el Ejecutivo quiere desterrar la actual Ley, que data del siglo XVIII.

Asimismo, la ley introduce limitaciones en el ejercicio de la acción popular, que a partir de ahora no podrá actuar si el fiscal o la víctima piden el archivo del caso, ni podrán ejercerla las administraciones públicas, partidos políticos o sindicatos al considerarse asociaciones con unos fines muy predeterminados.

La nueva normativa también pretende acabar con la denominada 'pena de telediario'. De esta forma, prohíbe facilitar durante la fase de investigación la identidad y las imágenes del detenido, mientras que establece que será el fiscal quien autorice dar el resto de información a los medios de comunicación una vez que un juez haya dicho que existe una acusación contra esa persona, es decir, que se le va a sentar en el banquillo. Para ello se nombrará a portavoces encargados de transmitir las noticias a los medios de comunicación.

"Se intenta compaginar la presunción de inocencia con la libertad y el derecho de información porque se han cometido excesos", ha dicho Caamaño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Pese a los insistentes rumores de que las elecciones generales se adelantarán al próximo otoño, el ministro ha asegurado es que su intención es que la Ley esté en el Parlamento en octubre y que se apruebe "antes de las elecciones de marzo".

La redacción de la nueva LECrim ha incorporado sugerencias de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico con el fin de alcanzar la máxima claridad de cara al ciudadano. El Ministerio remitirá el texto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Consejo Fiscal, a la Abogacía Española y a departamentos de Derecho Procesal y Derecho Penal de diferentes universidades en vista a que llegue a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para finales de octubre. Valorará también consultar al Consejo de Estado, en función de los informes remitidos por las anteriores entidades.