Era el gran favorito en las quinielas: Alberto Fabra, alcalde de Castellón, sustituirá a Francisco Camps al frente de la presidencia de la Generalidad y del PP valenciano. De 47 años, su actividad política siempre ha estado vinculada a la región y cuenta con el plácet tanto de la dirección nacional como de la regional.
De hecho, fuentes de la cúpula nacional consultadas por este diario aseguran que la interlocución con el futuro presidente es "fluida" y "no dará ningún problema".
Concretamente, y tal y como avanzó Libertad Digital, Fabra fue propuesto como sucesor del partido en la Junta Directiva Regional posterior a la decisión de Camps. En los próximos días, las Cortes le tendrán que ratificar, extremo que a priori se antoja fácil ya que el PP cuenta con mayoría absoluta.
Fabra, además de regidor, es también coordinador general y ocupa un escaño en el Parlamento autonómico, extremo decisivo para que se convierta en jefe del Ejecutivo.
La Mesa de Las Cortes Valencianas se reunirá este miércoles para fijar los plazos que marcarán el proceso de elección del nuevo president de la Generalitat, tras la dimisión hoy de Francisco Camps, según han informado a EFE fuentes parlamentarias.
Camps ha informado de que había comunicado al presidente de Las Cortes, Juan Cotino, su decisión para que comenzara el proceso de elección, no ha podido registrar su renuncia en la Cámara autonómica, ya que el registro no está abierto por las tardes.
El reglamento de Las Cortes establece que será el presidente "oída" la Junta de Portavoces y previa consulta a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, el que establecerá la fecha para realizar el pleno de investidura.
Los distintos grupos parlamentarios tendrán un plazo de doce días para presentar sus propuestas de candidato, "desde la comunicación a las mismas de la vacante producida en la Presidencia de La Generalidad".
Transcurrido este plazo, el presidente de Las Cortes, oída la Junta de Portavoces, fijará la fecha de celebración del Pleno de investidura entre los tres y los siete días siguientes a la finalización de dicho plazo, proponiendo como candidato a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo.
Estos plazos pueden reducirse en la medida en que el acuerdo entre los grupos parlamentarios permite acelerarlos.