El PSOE andaluz, gracias a su mayoría absoluta y al apoyo de IU, ha conseguido introducir por la vía de urgencia en el pleno parlamentario extraordinario del próximo jueves, día 21 de julio, la propuesta de impedir que alcaldes de poblaciones importantes sean diputados en el Parlamento andaluz, como ha venido ocurriendo desde 1982.
La razón es bien sencilla y evidente. De salir adelante la medida, se impedirá que 17 alcaldes importantes del PP y uno de IU, tengan escaño parlamentario, anulando, de paso, su presencia activa en las elecciones autonómicas y generales. La urgencia con la que el PSOE ha introducido la medida evidencia que las elecciones andaluzas serán anticipadas a octubre o noviembre. Por el contrario, no aceptó la urgencia en el caso de la investigación de los ERE, por ejemplo.
José Antonio Griñán ha sido partidario de no adelantar las elecciones en Andalucía con el fin de no verse afectado por la debacle electoral de un PSOE vinculado al equipo de Rodríguez Zapatero en la creencia de que puede mejorar en Andalucía los resultados nacionales del PSOE y, de este modo, aguantar el tipo incluso en caso de derrota por la mínima, que le permitiría gobernar en coalición con IU. Pero un encuentro con el candidato Rubalcaba ha derruido el discurso que sobre la autonomía andaluza había comenzado Griñán.
La medida sobre la incompatibilidad de alcaldes importantes se ha propuesto como exponente del grupo "de trabajo sobre transparencia y calidad democrática" constituido en el Parlamento andaluz y que dominan PSOE e IU. Tiene como fundamento la atención debida a los ciudadanos en los grandes ayuntamientos, una atención que parece no haber sido la adecuada en los últimos 30 años.
El interés de IU en esta medida tiene que ver con asuntos domésticos. Para conseguir un acuerdo con Griñán, acuerdo que está ya puliéndose fuera de los focos, era preciso eliminar como fuese al alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, del panorama mediático de las próximas elecciones andaluzas y nacionales. Gordillo es un conocido oponente a la política de pactos con el PSOE. Además, como es sabido, sus actitudes políticas radicales han conllevado no pocos desencuentros con sus propios dirigentes de IU y con el PSOE., Hace unos días, el presidente Griñán advirtió que el PSOE no iba a pactar con gente que ocupaba fincas y desde entonces, se puso en marcha la medida contemplada.
Respecto al PP, la medida va a significar la imposibilidad de acceder al puesto de diputado andaluz a los ocho alcaldes de las capitales andaluzas y a alcaldes de ciudades claves como Jerez, Marbella, Algeciras y otras. Esto significa que, al no ser candidatos, los alcaldes más votados de Andalucía participarán de manera no directa en los comicios, reduciendo de ese modo su poder resonador.
Este próximo jueves, además, va la propuesta de supresión de asignaciones a los expresidentes de la Junta, limitar las retribuciones de los parlamentarios para que sólo puedan recibir un sueldo, o la habilitación del escaño 110 y que se rebajen a 40.000 las firmas para una iniciativa legislativa popular, todas ellas del agrado del PSOE
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, acusó a Griñán de caudillismo antidemocrático por este cambio de reglas a finales de un partido que va perdiendo, aplicándoles el fuera de jugo a los alcaldes en perjuicio evidente de las posibilidades electorales del PP. Por ello, anunció la presentación de mociones en los ayuntamientos defensa de la presencia de alcaldes en la cámara a la vez y anunciando que si es preciso, se irá a los tribunales.
El alcalde de Marinaleda y diputado andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo, criticó el acuerdo entre el coordinador de la federación IU-LV-CA y el presidente andaluz, José Antonio Griñán recordando que los ayuntamientos andaluces con sus alcaldes a la cabeza fueron impulsores de la movilización ciudadana del 4 de diciembre y del 28 de febrero.
La urgencia no era aceptada en otros temas puesto que los socialistas volvieron a negarse a que en el pleno del jueves se toque el tema que afecta de lleno la Consejería de Empleo rechazando una petición del PP e IU para que se incluyera un punto relativo a la comparecencia del Gobierno sobre "las implicaciones directas en el fraude de los ERE".