Cospedal: la situación en Castilla-La Mancha es "extremadamente grave"

María Dolores de Cospedal ha pedido, vía urgente, una reunión con la vicepresidenta y titular de Economía, Elena Salgado, para analizar de forma conjunta la grave situación económica que afronta Castilla-La Mancha, y saber si el Gobierno es cómplice de la misma.

Desde que Cospedal asumió el cargo de presidenta de la región hasta la fecha, su equipo ha llevado a cabo un trabajo de investigación sobre las cuentas públicas, constatando de partida que los datos ofrecidos por el Ejecutivo de José María Barreda "no eran reales" y, por lo cual, el camino se hacía mucho más tortuoso.

Esa inspección a fondo llegó a su fin la pasada semana y este lunes, en declaraciones a Onda Cero, la nueva jefa del Ejecutivo castellano-manchego acusaba formalmente al anterior equipo de gobierno de falsear la realidad: "Los datos con los que nos hemos encontrado no son los que nos dieron, no era el estado real de las cuentas", sentenció, haciendo especial mención tanto al déficit como al endeudamiento.

Cospedal sólo necesitó un apunte para evidenciar una situación "bastante peor" que la que radiografió en su día Barreda; si el objetivo del déficit en los primeros tres meses del año era del 1,3 por ciento, realmente es del 1,7.

Pero la cosa no queda ahí. Con las deudas sin pagar, en cualquier situación de su tramitación, con fecha de quince de junio, "el déficit va muchísimo más allá". "No quiero aventurar una cifra, lo tenemos que documentar con papeles oficiales", pero la también secretaria general de los populares ya avanzó que podría superar el 4 por ciento.

En conclusión, una realidad "extremadamente grave", y de ahí que Cospedal haya reclamado esa reunión urgente con Salgado. Y es que la presidenta quiere saber si el Gobierno central era colaborador de Barreda: "Quiero que nos diga si conocía la situación real de Castilla-La Mancha", anunció.

"Ya sé que muchos me dirán que el PP tendrá que dar soluciones y no quejarse por la herencia que recibe, pero tengo la obligación moral de decir lo que hay y con lo que nos encontramos, como cada uno administra su gobierno", argumentó, adelantándose a las críticas desde las filas socialistas.

Y, para dejar claro que está manos a la obra, destacó los "bastantes millones" que se ahorrará la administración con la eliminación del 60 por ciento de los altos cargos o de organismos enteros como el Defensor del Pueblo. "Es el signo de austeridad de cómo va a ser el nuevo Gobierno", remató.