Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, se sentará de nuevo el próximo jueves en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, en esta ocasión por su participación en el intento de asesinato de la teniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo, el 28 de febrero de 2002. La Fiscalía pide en su contra 377 años de prisión por la comisión de 20 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y uno de estragos, informa Europa Press.
Un tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal condenó en marzo a la misma pena por este atentado a los miembros de ETA Idoia Mendizabal, alias Ilargi, y Asier Arzalluz Goñi, alias Sendoa.
Txeroki está acusado de planear la muerte de Cabezudo como integrante del grupo Olaia de ETA, a través de la colocación de un artefacto explosivo. Según explica la fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, él y los dos condenados colocaron en un carrito de la compra una bomba de gran potencia destructiva que activaron al paso de Cabezudo. No lograron su objetivo porque la edil circulaba ese día junto a su escolta por la acera contraria al lugar donde se encontraba la bomba.
La explosión provocó heridas a 20 personas que se encontraban en el lugar de los hechos y daños materiales en los edificios situados en la calle valorados en casi un millón de euros.
Se trata del segundo juicio que la Audiencia Nacional celebra contra Txeroki desde su entrega temporal por parte de las autoridades francesas.
Primer juicio, absolución
La Sección Cuarta le absolvió el pasado 30 de junio al no hallar pruebas de que participase en el intento de asesinato del presidente del Consejo de Administración del Grupo Correo, Enrique Ybarra, que se produjo el 17 de enero de 2002.
El tribunal consideró entonces que las pruebas esgrimidas por el fiscal, que solicitaba una condena de 15 años de cárcel, no eran suficientes para demostrar su participación en estos hechos.
En concreto, el fiscal Pedro Rubira defendió como principales pruebas una pericial de inteligencia según la cual el atentado fue cometido por el grupo K-Olaia, al que pertenecía el ex jefe de los pistoleros de ETA en el momento de los hechos, y los restos biológicos del acusado que fueron encontrados en la vivienda que ocupaban los integrantes de este grupo. Para el tribunal, "el único resultado objetivo e inequívoco" de estas diligencias es la "estancia del acusado" en esa vivienda.