La Audiencia de Sevilla considera que la medida cautelar adoptada por la juez Mercedes Alaya para que las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta se custodiaran en sede judicial mientras resuelve el Supremo el conflicto de jurisdicción se sustentaba en una "mera hipótesis" y no era ajustada a Derecho, por cuanto no concurrían los supuestos que prevé la ley.
La juez Alaya consideró importante para la limpieza de los procedimientos judiciales en el caso de los ERE fraudulentos que las actas del gobierno de la Junta, que consiguió tras una dura batalla que el gobierno de Griñán remitiera al juzgado, permanecieran custodiadas en el propio Juzgado para evitar modificaciones o accidentes, fortuitos o no. Eran once sobres lacrados y encerrados en un armario acorazado. Esta sospecha la ha parecido exagerada a la sección séptima de la Audiencia de Sevilla que es la misma que negó a la Junta que estas actas tuvieran el carácter secreto que reclamaba. Puede considerarse un pequeño revés para la juez en la instrucción del caso, pero no es un retroceso sustancial.
Según El Mundo, la resolución anterior de la Audiencia permitía que la instructora abriera los sobres lacrados y consultara el contenido de las actas de las reuniones que el Consejo de Gobierno ha celebrado desde 2001. Muy diferente hubiera sido que la resolución de los recursos contra la medida cautelar sobre la custodia se hubiera producido antes de que la Audiencia se hubiera pronunciado negando el carácter secreto de las actas.
Sin embargo, el diario El País expresa su opinión de que la resolución de la Audiencia significa que "las 480 actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía, que se guardan en un armarito color gris en un juzgado de Sevilla, deben ser devueltas a los archivos de la Administración autonómica".
Y añade que "la sección séptima da un varapalo a la juez que, en un insólito auto fechado el 4 de abril, dio un plazo de 72 horas a la Junta para que le entregara todas las actas del Consejo de Gobierno desde 2001 hasta ahora". La instructora adoptó como medida cautelar requerir esta información a la Junta, en sobres lacrados y sellados, "para evitar, en el terreno de las hipótesis, que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes" de las actas, hasta en tanto se resolvía el conflicto de jurisdicción planteado por el Gobierno autónomo que preside el socialista José Antonio Griñán".
Queda pendiente que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que depende del Tribunal Supremo, decida si hace públicas o no las actas. La Junta considera que son secretas y que solo el Consejo de Gobierno es el que tiene potestad para decidir cuándo se hacen públicos, según la ley de Gobierno de la comunidad. Además, cree desproporcionado el que la juez pida todas las actas y no aquellas que entiende necesarias para la investigación penal. La Audiencia de Sevilla ya fijó posición negando el carácter secreto de las actas aunque sí el de las deliberaciones.
Y termina el diario de Prisa diciendo que "El Gobierno, que pedirá ahora a la juez que le devuelva la documentación requerida, ya pidió al Tribunal Supremo el 23 de mayo su intervención ante la decisión de la juez de no inhibirse en el conflicto de jurisdicción. Fuentes del Ejecutivo andaluz mostraron ayer su "satisfacción" porque la Audiencia haya anulado la petición de las actas, una reclamación que entiende le ha hecho "daño" y que ha contribuido a dar una imagen de "desconfianza entre instituciones del Estado innecesaria".
ABC considera que con esta resolución la Audiencia nada y guarda la ropa en el caso del contencioso de la juez Alaya con la Junta de Andalucía completando con una de "arena" su anterior auto donde dio "cal" a la juez.