El jefe de la Policía en Bilbao: "Existe un riesgo alto de atentado terrorista"

El pasado 12 de mayo, pocos días antes de que se celebrasen las elecciones municipales, forales y autonómicas del 22-M, el Comisario Jefe Provincial, en funciones, de la Policía Nacional de Bilbao, el comisario Francisco Adelmo Pérez Fernández, remitía un fax a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.

El contenido del mismo era la razón por la que no se permitía a tres representantes de la Unión Federal de Policía tomarse tres días de exención del servicio para acudir a la asamblea autonómica que el sindicato policial celebró en Bilbao entre el 17 y el 20 de mayo.

Según la argumentación del alto funcionario policial, esta solicitud no era posible porque "estamos en el nivel de activación 2, grado de alta intensidad, según el 'Plan de prevención y protección antiterrorista', que se corresponde con un nivel de amenaza terrorista ALTO". "Hay un riesgo probable de atentado terrorista; según lo cual se debe proceder a un reforzamiento operativo de las medidas de vigilancia, prevención y disuasión de los objetivos mediante la adopción de dispositivos de servicio específicos", continúa.

El propio comisario se encarga en el fax de explicar que ese nivel de alerta terrorista no es debido a la proximidad temporal de unas elecciones, sino que existe desde el pasado 11 de octubre desde 2010. Es decir, que el ministerio del Interior piensa desde hace ocho meses que existe "un riesgo probable de atentado terrorista".

Pese a este estado de alerta policial, el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, y la consejería vasca de Interior, al frente de la cual está el socialista Rodolfo Ares, están reduciendo, en unos casos, y eliminando, en otros, múltiples servicios de escolta.

De hecho, tal y como avanzó Libertad Digital a principios de mayo, desde el pasado 1 de junio se ha producido una reducción drástica de los servicios de protección. Todos los cargos públicos que no renovaron sus puestos en las pasadas elecciones han dejado de contar con los servicios de escolta que tenían asignados. Además, todos los servicios de protección que estaban compuestos por dos escoltas y un vehículo se han visto reducidos a un único escolta. Es más, en diciembre de 2010, dos meses después del aumento de la alerta, hubo otra oleada de retirada de escoltas a ex cargos públicos en País Vasco y Navarra.

Por si fuera poco, en las últimas semanas los nuevos alcaldes de Bildu, la candidatura con independientes seleccionados por Batasuna, han tomado medidas drásticas para perjudicar la seguridad de los ediles de PSE y PP, impidiendo la entrada de escoltas en los edificios municipales y desmontando los arcos metálicos y escáneres de seguridad. Una medida que ha llevado a los escoltas a asegurar que les será imposible garantizar la seguridad de sus protegidos en los pueblos gobernados por Bildu.

Por otro lado, el servicio de activación 2 del 'Plan de prevención y protección antiterrorista' es el mismo que Rubalcaba ordenó activar en las Navidades de 2009 cuando, para esquivar las duras críticas que estaba recibiendo y distraer la atención sobre lo que se iba conociendo del chivatazo a ETA, filtró un documento de la lucha antiterrorista en la que se alertaba de que ETA podría intentar cometer "dos grandes atentados", "contra un cuartel o un ministerio", y un "secuestro de un cargo relevante".