Encerrado en su despacho. A la espera de que, tras la histórica decisión de Izquierda Unida, la Mesa del Parlamento de Extremadura ponga fecha a la sesión de investidura. Así se encuentra José Antonio Monago, al que -dice- no le da vértigo la que le viene encima, si bien admite que el panorama económico es tan imprevisible como negativo. Espera un "escenario parecido" al que se enfrenta María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.
Por ello, la primera medida que tomará una vez jure su cargo como presidente será auditar todas las empresas y entes públicos, que rozan los ochenta. En el PP tienen serias dudas de que las cuentas sean reales, y de ahí que este control se haga imprescindible para ponerse a trabajar. Así se lo transmitieron a sus interlocutores de IU, que se mostraron conformes.
El resto del paquete anticrisis pasa por un adelgazamiento brutal de las administraciones, al estilo del ya iniciado por otros homólogos populares como Esperanza Aguirre, José Ramón Bauzá o María Dolores de Cospedal. Así las cosas, se compromete a reducir a siete el número de consejerías (actualmente existen once), a dejar a la mitad el número de altos cargos y libre designación, a eliminar los privilegios vitalicios de los ex presidentes o a reducir también al cincuenta por ciento el gasto de publicidad y propaganda, que actualmente asciende a 180.000 euros diarios.
Todo ello en un marco económico que definen como "muy complicado". Según las fuentes consultadas, la deuda reconocida por el Gobierno de Guillermo Fernández Vara se ha multiplicado recientemente hasta los 1.800 millones de euros. Además, la deuda a proveedores, que es a corto plazo, se eleva a los más de 500 millones de euros.
A todo esto habrá que unir las "facturas en el cajón" que se encuentren una vez lleguen a los puestos de responsabilidad.