El ex consejero de Chaves Jaime Montaner medió en un ERE en 2009

En el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla existen al menos dos comunicaciones entre el ex consejero de la Junta de Andalucía Jaime Montaner Roselló, y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez Contreras sobre el ERE de la empresa sevillana «La Instaladora Moderna Electricidad». Son dos faxes enviados desde el estudio del primero «Demópolis, Arquitectura & Ingeniería» a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía. El primero de ellos, con fecha de 21 de julio de 2009, es muy escueto: «Por indicación de D. Jaime Montaner se adjunta documento sobre el asunto La Instaladora Moderna. Saludos». El documento que lo acompaña detalla los vencimientos para una póliza de 7 ex trabajadores: el primero por un importe de 50.000 euros y los dos siguientes por 391.165. Lo cuenta La Razón.
 

El segundo fax sale el 14 de diciembre de 2009 e igualmente va dirigido a Juan Márquez, que sustituyó a Francisco Javier Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo. Es más clarificador: «Amigo Juan. Este es el documento que Jesús Bordallo le ha enviado a la Instaladora Moderna para que lo rellene y lo firme. Dime qué procede hacer y cuándo podría firmar José Manuel Pineda –el administrador de la empresa– la consignación de los 50.000 euros. Gracias y perdona las molestias». Al final del texto, aparece la firma de Jaime Montaner Roselló. Jesús Bordallo era responsable regional de Vitalia, una de las aseguradoras.

Recuérdese que Ramón Díaz Alcaraz, diputado del PSOE en el Parlamento de Andalucía, presentó una demanda de conciliación –previa a una querella criminal– contra el responsable regional de Vitalia, Jesús María Bordallo, por acusarlo de introducir a intrusos en al menos un expediente de regulación de empleo financiado por la Junta. Bordallo había declarado ante la Policía Judicial que Díaz Alcaraz le pidió que incluyera a dos personas en el ERE de Saldauto. El nombramiento de este diputado socialista, que sustituyó en el Parlamento de Andalucía a la ex consejera de Justicia y Administración Pública Evangelina Naranjo, ha sido polémico desde el primer día. Díaz Alcaraz fue asesor del ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, uno de los imputados en la trama. Por otro lado, el INEM reclama al ex trabajador de la sociedad mixta Mercasevilla José Antonio R.M., prejubilado a través del ERE de 2007 –como Garrido Santoyo– e imputado en las diligencias relativas a dicho procedimiento, el reintegro de las cuantías percibidas con cargo al subsidio de desempleo.
 

El documento referido por el ex consejero Montaner es una solicitud dirigida al consorcio de compensación de seguros para solicitar la movilización de una póliza suscrita por «La Instaladora Moderna Electricidad» con Fortia Vida a la entidad aseguradora Excell Life International.

Jaime Montaner fue consejero de la Junta entre 1979 y 1994. En su última etapa se encargó de la cartera de Economía y Hacienda en el Ejecutivo de Manuel Chaves. El expediente de la ayuda concedida a «La Instaladora Moderna Electricidad» tiene fechas esclarecedoras: la petición de Montaner se produjo en diciembre de 2009 y el 11 de marzo Juan Márquez firmó una resolución de concesión de ayuda sociolaboral para siete ex trabajadores de la empresa. La solicitud de ayuda tiene fecha del día 8, sólo tres días antes. La cantidad concedida era de 187.618 euros y estaba destinadas a compensar a los siete empleados acogidos a un ERE de 29 de julio de 2005 –que contó con financiación pública– y que por un error en los cálculos «no se reconocieron parte de las prestaciones de ayuda familiar» por lo que la subvención perseguía «paliar la situación insostenible del quebranto mensual hasta la fecha de la jubilación ordinaria». Otra parte iba destinada a la empresa, que «adelantó parte del coste del establecimiento del plan de prejubilaciones –los 50.000 euros mencionados en el fax–».

Montaner, caso aparte

Montaner es un caso aparte, sobre el que hemos publicado algunos hitos en La Tela de Araña. En julio de 1996, el PSOE andaluz suspendió cautelarmente de militancia al ex consejero Jaime Montaner y aceptó las bajas voluntarias de José Miguel Salinas, todopoderoso vicepresidente del gobierno andaluz con Borbolla presidiendo la mesa camilla, y Antonio Prieto, nada menos que ex secretario de Asuntos Económicos de la Consejería de la Presidencia. ¿El motivo? Que Jesús Gil había destapado ante la Fiscalía y ante la Justicia que fue objeto de extorsión por parte de miembros de la Junta de Andalucía para poder edificar sobre unos terrenos que previamente debían ser recalificados. Pero Montaner, que sepamos, nunca fue expulsado del PSOE.

Ahora sabemos por qué. No sólo ha sido el hombre de los terrenos, de los permisos y de las licencias desde 1979 a 1994, con todos los secretos por contar que ello conlleva, sino que sigue siendo un intermediario para el PSOE que dirige Manuel Chaves. Ya dijo entonces Montaner -aviso a navegantes -, que él no había hecho nada que no fuera política de la Junta de Andalucía y criterio general del PSOE.

Jaime Montaner era el alto cargo de la Junta que debía hacer "legal" lo que antes no lo era o no lo parecía para satisfacer a Gil una vez que éste apoquinase la "tela del telón". Salinas, con familia incluida, era el elemento político del despacho encargado de hacer las intermediaciones pertinentes y cobrar los "honorarios" demandados. El pobre Prieto, contable del PSOE en sucesivas campañas electorales, fue el encargado de gastar el dinero pagado por Gil en la campaña electoral, dinero que dijo no saber de dónde venía.

Hubo más implicados. Por ejemplo, Emilio Martín, presidente por entonces del Consejo de Administración de El Correo de Andalucía, quien, según la Fiscalía Anticorrupción, era titular de una cuenta bancaria a la que fue a parar uno de los cheques de diez millones pagados por Gil. Qué casualidad. La empresa Mundicom S.A., de la que Martín era consejero delegado no tenía contabilidad, según constó en la querella, y por tanto no se podía concretar la razón por la que fue cobrado el cheque.

Otro imputado fue Antonio Lappi, dueño de una empresa de imprenta y cartelería, cuya relación con el caso residía en el cobro de otros dos cheques por un importe total de 20 millones de pesetas realizados en dos pagos. Lappi asegura que dicho cobro atendía a sus honorarios por diversos trabajos de cartelería realizados para el PSOE.

Los hechos denunciados por Gil se remontaban a 1986, cuando la empresa Vegángeles S.A. interpuso un recurso ante la Consejería de Política Territorial, cuyo titular era Jaime Montaner, para que se homogeneizara la edificabilidad de la parcela «Los Cipreses» con la de los terrenos colindantes. Según se desprendÍa de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, existían indicios de que Gil tuvo que pagar comisiones ilegales a altos cargos de la Junta de Andalucía para que esa recalificación se llevara a cabo y se pudiera así realizar la edificación en dicho terreno. Pero, oh, milagro, Jesús Gil quiso exculpar a Montaner de toda responsabilidad porque él no tuvo ningún trato con el ex consejero de la Junta.

Incluso hubo una investigación interna. ¿Saben quién la llevó? Pues nada menos que Luis Pizarro, secretario de organización y miembro de la comisión investigadora, que, claro, quiso favorecer la defensa de la honestidad de los ex altos cargos socialistas, sobre lo cual la Ejecutiva no tenía «absolutamente ningún género de dudas. Estamos seguros -añadió- de que los compañeros han desempeñado sus cargos públicos honestamente y con total dedicación, siempre dentro de la más estricta legalidad».

Pero nuestro personaje es Jaime Montaner. Han pasado muchos años. El PSOE no expulsó a Jaime Montaner a pesar de las promesas del entonces poderoso Cipriá Ciscar. Quedó ahí, en el claroscuro de una investigación de la Fiscalía frustrada por una prescripción, bien oportuna, de los delitos.

¿Y por qué no lo expulsó? No sólo para agradecer los servicios prestados sino para seguir pidiéndole servicios. De hecho, uno de ellos fue muy llamativo. El ex concejal y alcalde de Marbella,l Tomás Reñones, que fuera famoso defensa del Atlético de Madrid, contó al juez de la Operación Malaya cómo, entre otras personas, asistió a un encuentro con representantes de la Junta de Andalucía celebrado en Córdoba tras la moción de censura que en 2003 aupó a la Alcaldía a Marisol Yagüe y que tenía como objetivo propiciar el acercamiento del consistorio al Gobierno andaluz.

Una de las dos personas que actuaron como representantes de la Junta de Andalucía en esa reunión fue el ex consejero Jaime Montaner, con participaciones en el estudio que promueve el hotel Senator de Marbella, cuyas obras fueron paralizadas después por la Comisión Gestora que sustituyó al equipo de Yagüe. 

Así figura en la declaración que Reñones hizo ante el juez Miguel Angel Torres. Reñones contó que tras la moción contra Julián Muñoz, estudiaron cambiar todo el organigrama del Ayuntamiento y acercarse a la Junta de Andalucía. En este contexto, Reñones, acompañado de otras personas cuya identidad no se precisa en la declaración, mantuvieron el encuentro con Montaner, quien «asistía en nombre de la Junta» a pesar de que ya no ostentaba ningún cargo en la misma. Cuando Reñones y sus acompañantes regresaron a Marbella, «Roca ya conocía la reunión".