Más de 250 artistas e intelectuales del ámbito universitario, artístico y cultural han defendido este sábado un manifiesto en que claman contra la que consideran una "criminalización mediática y política" del colectivo de los 'indignados', a raíz de los altercados del miércoles ante el Parlamento catalán.
El documento 'Contra la persecución y la criminalización de la democracia. En apoyo a la dignidad de la indignación', ha sido presentado por el urbanista Jordi Borja, la activista Gabriela Serra y el historiador Xavier Domènech, quien ha destacado que es el Gobierno catalán quien ha traspasado las "líneas rojas" en su presentación de los presupuestos y de la ley ómnibus, por no constar en los programas electorales.
Domènech ha lamentado que "un consejero de Interior que afirma que su actuación irá más allá de la ley y que se ha mostrado públicamente con un bate de béisbol, parece desconocer los principios del Estado de Derecho".
Borja ha destacado que "la clase política actual se mueve con el miedo y la incapacidad de afrontar el conflicto social", señalando que probablemente el ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol no hubiera entrado en helicóptero al Parlament.
Serra ha garantizado la continuidad del movimiento: "Ningún movimiento se sabe dónde irá cuando nace, pero es una respuesta colectiva de desobediencia civil de agregación, cada vez hay más plazas de barrio y de pueblos que se están uniendo".
Entre los firmantes destaca la presencia de los intelectuales Josep Fontana, Vicenç Navarro y Jordi Borja, el cantante Paco Ibáñez y activistas sociales de diversos movimientos sociales, además de profesores y trabajadores del ámbito cultural y de la comunicación.
Resaltan que "el malestar está en la base de la protesta social, la creatividad y la generosidad es lo que le ha dado forma y contenido y la actuación pacífica propia de la desobediencia civil ha sido el signo de identidad más claro". A su juicio, la reacción de políticos y medios de comunicación al movimiento ha sido primeramente el de 'sorpresa', después de 'preocupación' y por último de 'criminalización'.
Los firmantes critican que este proceso de "criminalización" afecte también al presidente de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, tras la advertencia del consejero de Interior, Felip Puig, de que investigaría si Oliveres calumnió a los Mossos al apuntar que agentes de paisano podrían haber incitado a la violencia durante los incidentes derivados del intento de bloqueo del Parlament.