Chivatazo a ETA: piden cambiar al equipo investigador de Carlos Germán

La instrucción del caso Faisán se encuentra en su recta final y las defensas de los acusados intentan retrasar lo máximo posible el auto procesamiento de sus clientes. El método: recurrir todas las decisiones adoptadas por el instructor deL caso, el juez Pablo Ruz.

Este miércoles, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha celebrado una vista a puerta cerrada para estudiar dos recursos de apelación interpuestos por la defensa del jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, pidiendo nuevas diligencias que ya fueron rechazadas por Ruz.

Entre ellas, se encuentra el cambio del equipo investigador del comisario Carlos Germán por otro grupo policial y la ampliación del análisis de llamadas del teléfono de Joseba Elosúa –el dueño del bar Faisán- el día 4 de mayo de 2006, cuando se produjo el soplo policial a la red de extorsión de ETA.

La petición de estas nuevas pruebas están encaminadas a demostrar la inocencia de los presuntos responsables del chivatazo. Durante, la vista el fiscal Daniel Campos –que este miércoles sustituía a Carlos Bautista, fiscal asignado al caso- se ha opuesto a la práctica de estas nuevas pruebas al considerar que no son "pertinentes". En la causa se encuentran imputados el exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el Inspector José María Ballesteros y el propio Pamiés.

Por su parte, según ha declarado tras la vista el abogado de Pamies, José María Fuster-Fabra, "el chivatazo se produjo en el seno de un operativo y nunca los responsables de ese operativo pueden ser los que se encarguen de investigar",

"Si han sido ellos, aportarán una versión exculpatoria y si no han sido, van a tener que elaborar un atestado sobre los hechos y convertirse en testigos, por lo que no deberían tener interés en el procedimiento para ser objetivos e imparciales", recalcó Fabra.

Ahora, la decisión está en manos de la Sección Segunda que componen los magistrados Julio de Diego, Enrique López y José Ricardo de Prada.

Si los tres mandos policiales que se encuentran imputados en esta causa fueran finalmente procesados y sentados en el banquillo de los acusados, podrían enfrentarse a hasta 13 años de cárcel por los delitos de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos.