Tres de los once miembros que componen actualmente el Tribunal Constitucional han presentado este lunes su dimisión ante su presidente, Pascual Sala. Si éste acepta las renuncias, el Alto Tribunal se quedará con ocho magistrados el mínimo previsto en la ley para que pueda seguir operando.
De admitirse las dimisiones y en espera de la renovación, quedaría un Tribunal Constitucional integrado por cinco miembros del denominado "ala progresista" (Pascual Sala, Luis Ignacio Ortega, Adela Asúa, Pablo Pérez Tremps –todos ellos votaron a favor de Bildu- y Manual Aragón, designados por el PSOE) frente a tres conservadores (Francisco Pérez de los Cobos, Francisco Hernando y Ramón Rodríguez-Arribas, nombrados por el PP).
Abandonaría el tribunal Eugeni Gay, natural de Barcelona, nombrado a propuesta del PSOE, cuya figura se recordará por la férrea defensa que hizo del Estatuto de Catluña. Emitió un voto particular al considerar que el fallo del TC recortaba demasiado la norma estatuaria catalana. En enero fue elegido, pese a su interinidad, vicepresidente del Alto Tribunal con seis votos a favor y cinco abstenciones. Por sus convicciones personales y religiosas se barajaba como un fuerte opositor a la Ley del Aborto del Gobierno de Zapatero.
También dejaría el órgano Elisa Pérez Vera, magistrada del TC a propuesta del PSOE desde el año 2001. Pérez Vera fue ponente de la sentencia sobre los recursos de inconstitucionalidad del Estatuto catalán que no vio luz verde y una de las magistradas que avaló el fallo de la norma estatutaria catalana y la presencia de Bildu en las urnas.
Por su parte, el magistrado de corte conservador Javier Delgado, formaba parte del Tribunal Constitucional desde octubre de 2001, cuando lo nombró el Congreso. Durante sus años en la institución se ha caracterizado por votar con la mayoría de sus compañeros a los que era "afín ideológicamente".
Sus tres mandatos, junto con el del fallecido Roberto García Calvo, no han sido renovados por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos de la Cámara Baja. Tanto PP como PSOE han visto como las negociaciones para la sustitución de estos magistrados no ha sido posible por el empecinamiento de ambos grupos parlamentarios en que los candidatos elegidos sean de su misma cuerda.
La Constitución señala que los cuatro miembros del TC elegidos a propuesta del Congreso deberán ser designados por mayoría de tres quintos de sus miembros; por lo que, a no ser que un partido consiga mayoría absoluta para gobernar, PSOE y PP necesitan pactar el nombre de los candidatos.
Hasta ahora, los populares han estado empecinados en que el magistrado de la Audiencia Nacional y exportavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, sea miembro del Constitucional. Por su parte, en la última ronda de contactos los socialistas le ofrecieron a la oposición que si López pasaba el filtro ellos querían que el fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, también formase parte del Alto Tribunal, muerte de Montesquieu mediante.