¿Se usó el fondo de reptiles para otros fines asimismo irregulares? Javier Arenas interpeló al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y le preguntó si la partida 31.L se destinó a créditos a empresas que luego fueron condonados, al pago de campañas publicitarias, a ayudas para "comprar" medios de comunicación o incluso al rescate de la autopista de peaje Sevilla-Jerez.
El caso de la AP suscitó el mutis de Griñán, pero obtuvo la respuesta de la Junta que afirmó que no se ha pagado "ni un euro" del rescate del peaje en la autopista AP-4, con lo que calificó de "falsa" la acusación de Arenas.
La agencia Europa Press añade que el Gobierno andaluz habla de "confusión" del PP y que tal error puede venir del hecho de que cinco trabajadores de la empresa Aumar –la concesionaria de la gestión del peaje– se acogieran a prejubilaciones cuando se produjo el rescate del tramo del peaje entre Jerez y Cádiz, lo que "en absoluto significa" que de la partida 31L "fuera dinero directo a pagar el rescate del peaje en la autopista".
No obstante, Salvador Fuentes, experto parlamentario del PP también dijo que Empleo otorgó ayudas para empresas en crisis que obtuvieron un balance positivo en sus cuentas de resultado. "No me obligue a que le lea la lista empresa por empresa. Usted sabe igual que yo cuáles son", le dijo al consejero del ramo el parlamentario del PP-A, a lo que Recio respondió con dos recomendaciones: que le diera la lista y que se fuera al juzgado si veía alguna ilegalidad.
Por otra parte, Recio aseguró que la participación del parlamentario socialista Ramón Díaz –sobre el que Anticorrupción ha pedido información al ser acusado de meter a dos intrusos en el ERE de Saldauto– se limitó a tareas de "asesoramiento y asistencia técnica", aunque en el sumario del caso queda probado que medió de forma activa en varios expedientes laborales, como Saldauto y Fertiberia.
En otra nota de Europa Press, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha replicado a la Junta que existen muchos "más abusos y fraudes" con el "fondo de reptiles", vinculado a las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), de los que ha investigado. "La Junta sólo ha investigado una mínima parte y si hubiera investigado el todo hubiera llegado a las mismas conclusiones que el PP", ha apuntado Sanz.
El dirigente popular ha hecho estas manifestaciones después de que la Junta haya negado que con cargo a la partida 31L, relativa a fondo de ayudas sociolaborales, se haya pagado "ni un euro" del rescate del peaje en la autopista AP 4 Sevilla-Cádiz, concretamente, del tramo Jerez de la Frontera-Cádiz, con lo que ha calificado de "falsa" la acusación que el presidente del PP-A, Javier Arenas, ha lanzado en ese sentido este jueves ante el Pleno del Parlamento.
Sanz ha manifestado que si la consejera de Presidencia, Mar Moreno, "reconocía hace unos días el descontrol que había sido la Consejería de Empleo, cómo van a saber ahora qué se pagaba con el fondo de reptiles". Ha aconsejado a los socialistas que revisen bien los papeles, que se estudien la información en profundidad y que, antes de desmentir nada, analicen toda la documentación.
Asimismo, ha querido dejar claro que no hay ni una sola denuncia del PP en relación con las irregularidades en los ERE y con el fondo de reptiles "que no se haya visto finalmente confirmada". En su opinión, la Junta, en lugar de acusar al PP de mentir, debería aceptar de una vez por todas que se investigue en el Parlamento el abuso y el fraude del "fondo de reptiles para conocer la cantidad de chanchullos que se han hecho utilizando el dinero de los parados".
Sigue el acoso a la juez Alaya
Cuenta La Razón que la Junta de Andalucía acusó a la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, de causarle "indefensión" debido a su decisión de dejar en suspenso el conflicto de jurisdicción planteado por la Administración regional ante el Tribunal Supremo, dado que la Junta se negó a la entrega de las actas de los consejos de gobierno de los últimos diez años.
Las críticas llegan después de que la Fiscalía Anticorrupción haya reprendido a la magistrada al entender que Alaya "carece de competencia para pronunciarse" cuando frenó el proceso, ya que –según los argumentos de la juez en un auto– se podían dar "tramitaciones paralelas y pronunciamientos inútiles y contradictorios". El objetivo era esperar hasta que se resolvieran los recursos que estaban interpuestos, como el del Sindicato Manos Limpias.
Tanto la Junta, que cree que la decisión es una medida "sin amparo legal", como Anticorrupción, han recurrido ante la Audiencia de Sevilla la decisión de la juez y han pedido que el proceso sea tramitado de inmediato ante el Tribunal Supremo. Según el letrado de la Junta, Ignacio Carrasco, la suspensión no está amparada por ninguna ley y, al contrario, está prohibida, atendiendo a la naturaleza y objeto del conflicto de jurisdicción.
Además, añade que no existe ninguna legislación por la que se pueda suspender un conflicto "de forma unilateral por una de las partes contendientes, en este caso el órgano judicial", medida que equivale a "desnaturalizar" estos procesos. Con anterioridad, la Junta recurrió la exigencia de entregar las 480 actas del Consejo de Gobierno amparándose en el carácter secreto de las deliberaciones. Alaya busca un posible delito de prevaricación de la Junta y las actas son un elemento clave.