El Defensor del Pueblo andaluz sabía desde 2003 que había "intrusos" en los ERE

Los trabajadores de la mina de Tharsis que se quedaron fuera de las prejubilaciones financiadas por la Junta alertaron a través de distintos escritos remitidos entre 2003 y 2004 a José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, de la existencia de beneficiarios de pólizas que ni siquiera habían trabajado en las minas o de la inexacta aplicación de los coeficientes laborales. En la trama de las irregularidades de los ERE de diversas minas andaluzas hay 72 intrusos y 111 irregularidades administrativas.

Según informa La Razón, uno de los escritos, con fecha de entrada de 31 de marzo de 2004 en el Defensor del Pueblo, advierte de las siguientes irregularidades: "prejubilados sin ser mineros", "empresarios prejubilados" o trabajadores de Insersa que se acogieron a las ayudas con "cuarenta y dos años". Este escrito remitido al Defensor recoge un cúmulo de presuntas ilegalidades en una lista de empresas de la faja pirítica de Huelva, que coincide casi exactamente con la que tiene actualmente encima de la mesa Mercedes Alaya: la Bolsa de Tharsis, Insersa, Navan Resources o Almagrera. La completarían los ERE de Minas de Río Tinto y Filón Sur, sobre los que también ha pedido información Alaya y está investigando.

Otra de las quejas remitidas al Defensor del Pueblo Andaluz en diciembre de 2003 expone que entre los prejubilados se encuentran personas "que no han sido ni mineros" y alude directamente "a un compañero del surtidor de Alosno (Huelva)". "Aquí hay más delito porque no han visto la mina ni por dentro ni por fuera". "Y que conste que con esto no queremos dañar a nadie. Sólo queremos nuestros derechos igual que los demás", añade.

Las señales de alerta no llegaron solamente al Defensor del Pueblo Andaluz. La Junta de Andalucía, UGT, (a menos que haya error en el nombre porque lo vincula a CC.OO, lo que no es correcto),  el PSOE, la asociación de defensa de los Derechos Humanos e incluso el Ministerio del Interior, estuvieron informados asimismo por los denunciantes. "La Junta de Andalucía sabe por mi puño y letra que se ha producido un atropello contra un grupo de mineros. Lo sabe el Parlamento andaluz, José Antonio Viera -entonces consejero de Trabajo-, Javier Barrero -ex secretario general del PSOE onubense-, el Ministerio del Interior, Derechos Humanos, Manuel Pastrana -secretario general de CC OO-A-, Carmelo Sanmartín -entonces subdelegado del Gobierno- y Anastasia Izquierdo -inspectora jefe de Inspección-", se dice en una de las quejas. 

Sigue La Razón aportando que "el colectivo de antiguos trabajadores de Tharsis mantuvieron una reunión con el delegado provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Huelva, el socialista Manuel Alfonso Jiménez, "al que dijimos nuestras inquietudes. Le dijimos claramente que había compañeros en las mismas condiciones que nosotros". "Manuel Alfonso Jiménez quería que nosotros diéramos nombre y apellidos de los compañeros que se habían colado tanto en las prejubilaciones como en la bolsa de trabajo para quitarlos. Le dijimos: nosotros estamos aquí reclamando unos derechos, no a quitarles el cacho de pan a ningún compañero", continúa uno de los escritos remitido al Defensor del Pueblo, que por entonces era el mismo que el actual, José Chamizo.