La Junta de Andalucía utilizó dinero del fondo de reptiles de los ERE para financiar una campaña de publicidad institucional, según aseguró el líder del Partido Popular andaluz, Javier Arenas.
El 'dedazo' ha sido el modo habitual de funcionamiento de las empresas y de los diversos entes públicos andaluces en la etapa socialista. La Intervención General alertó en su informe definitivo de cumplimiento de 2005 del Instituto de Fomento de Andalucía –sustituido después por la Agencia IDEA– de numerosas irregularidades. Las más trascendentes eran las relacionadas con la financiación de los expedientes de regulación de empleo, cuestión sobre la que elaboró un informe específico que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Además, incumplió varias veces la Ley de Contratos: uno de ellos, sobre comunicación, tuvo un importe de 1,2 millones de euros y fue adjudicado a dedo sin tener en cuenta principio alguno del Derecho Administrativo. ¿Campaña de publicidad encubierta para la Junta? Así lo asegura el presidente del PP-A, Javier Arenas.
Cuenta La Razón que el máximo órgano de control de la Junta de Andalucía detectó varios incumplimientos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) por parte de la empresa pública. Sobre uno de ellos advierte: "En un contrato de difusión de información institucional por importe de 1.202.000 euros se ha obviado el cumplimiento de los principios de publicidad y/o concurrencia, o no ha quedado suficientemente acreditado en el expediente la imposibilidad o la no conveniencia de promover concurrencia en dicha contratación".
Además, en un expediente por el que el Servicio Andaluz de Empleo encarga al Instituto la planificación y ejecución del plan de medios para la campaña de comunicación del SAE, se establece la valoración económica de la colaboración en 1.032.987 euros. El informe ahonda en que para su pago se ha utilizado la fórmula de "transferencias de financiación", el mismo sistema por el que la empresa pública dependiente de la Consejería de Empleo pagaba las prejubilaciones de las personas acogidas a un ERE.
El informe deja entrever que no es la primera vez que se usó esta fórmula para acciones de este tipo, ya que en ese ejercicio se aplicó "una compensación de 266.637 euros como sobrante a favor de la Consejería de Empleo", a la cual se adscribe el SAE, y procedente de campañas anteriores de publicidad. Este importe no ha sido validado por esta Intervención pero es recogido expresamente en el texto por este acuerdo. Así, "se efectúa la transferencia de la diferencia por 766.349 euros".
La Intervención advertía que se habían vulnerado "el artículo 20 de la Ley de Presupuestos para 2003 al utilizar el expediente administrativo de transferencia de financiación en lugar del encargo de ejecución; el mismo artículo en cuanto al exceso de pagos efectuados sobre el coste de las actuaciones de encargos de campañas precedentes de publicidad y el procedimiento de reintegro de pagos indebidos del artículo 44 del reglamento general de tesorería".
El informe de la Intervención General no especifica los nombres de la empresas adjudicatarias ni la partida presupuestaria con la que se pagaron ninguno de los dos contratos: el que sirvió para una campaña de publicidad institucional y el que el Servicio Andaluz de Empleo encargó al IFA.
Javier Arenas aseguró que la Junta de Andalucía utilizó "dinero del fondo de reptiles de los ERE para financiar, al menos, una campaña de publicidad". En su intervención en la Junta Directiva provincial del PP, celebrada en la Cámara de Comercio de Algeciras (Cádiz), Arenas señaló que, según la información que manejan los populares, "esto es así y esperamos respuestas" del Ejecutivo andaluz. "Han hecho lo que les ha dado la gana con 700 millones de euros que era dinero de los trabajadores", lamentó el presidente del PP-A.
El informe es de julio de 2005 y se refiere a la actividad desarrollada por el órgano fiscalizador principalmente en el año 2003. Hay otros informes de la Cámara de Cuentas desde 1990 que corroboran el chapucerismo de la gestión de las empresas públicas andaluzas: incumplimientos en contratos, arbitrariedad en materia de personal, en la gestión de ayudas a familias, autónomos y pymes. Incluso se objeta en el informe la manera en que la Junta gestiona las ayudas en materia de Trabajo y Seguridad Social, donde enumera sus reparos a la gestión de los ERE.