Manzano denuncia a la juez de los Tedax por "retrasos" injustificados

El exjefe de los Tedax cuando se produjeron los atentados del 11-M, Juan Jesús Sánchez Manzano, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la juez que instruye la querella contra él, Coro Cillán, por no responder a la petición de archivo de la causa que había solicitado su defensa.

Esta petición se hizo en diciembre de 2009 y la queja ante el órgano de gobierno de los jueces se presentó en marzo de 2011, quince meses después. Durante todo este tiempo, la juez Cillán ha practicado múltiples diligencias con el fin de esclarecer qué ocurrió con los kilos y kilos de restos de la masacre; algo que el propio Manzano reconoce en su escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Al enumerar las decisiones adoptadas por Cillán, el comisario sostiene que "todas estas actuaciones judiciales -más de 14 diligencias de instrucción- se han practicado en un plazo de 4 meses". Esta contradicción –por un lado, acusa a la instructora de retrasar la causa pero por otro narra la celeridad con la que ordena practicar diligencias- es una constante en la denuncia.

Además, en la queja ante el CGPJ Juan Jesús Sánchez Manzano obvia que el departamento de Rubalcaba obstaculizó la causa, y que por ello el procedimiento estuvo paralizado un año. El Ministerio del Interior tardó 364 días en entregar a la juez Cillán la relación de los Tedax que estuvieron en los focos de los atentados. En cambio, la magistrada tardó un día en citar a los artificieros después de recibir el oficio del Gobierno.

En su escrito, Manzano acusa a la juez de cometer retrasos injustificados en la instrucción de la causa, de no motivar sus resoluciones judiciales y de abusar de su autoridad al investigar los hechos.

Asimismo, el que fuera jefe de los artificieros cuando se produjo la masacre de Madrid reprocha a la titular del juzgado número 43 de Plaza de Castilla su "parcialidad". "La parcialidad en la instrucción se pone de manifiesto en las propias diligencias de instrucción", alega Manzano.

Las supuestas dilaciones están consideradas como una falta leve según el artículo 419. de la Ley Orgánica del Poder Judicial. "Es falta leve el incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos para dictar resolución en cualquier clase de asunto que conozca el juez o magistrado", señala la Ley.

Por su parte, la falta de motivación de la resoluciones se considera una falta muy grave según el artículo 417.15 de la LOPJ: "La absoluta y manifiesta falta de motivación de las resoluciones judiciales que la precisen, siempre que dicha falta haya sido apreciada en resolución judicial firme. Si la resolución inmotivada no fuese recurrible, será requisito para proceder la denuncia de quien fue parte en el procedimiento". En tanto, el abuso y exceso de autoridad está también está considerado como una falta muy grave, algo que puede acabar con la carrera de un juez ya que puede llegar a ser suspendido de sus funciones.

En su escrito de constestación a la denuncia, la instructora alega que en la fecha de presentación del mismo el procedimiento estaba "en la fase inicial de instrucción por lo que resultaba prematuro estimar o rechazar ab initio la solicitud de sobreseimiento libre mientras no hubieran sido practicadas todas las pruebas propuestas y antes de haber sido instruida por completo la causa". Además, la magistrada recuerda en su informe que por aquel entonces estaba esperando recibir los oficios librados a Interior de forma repetida meses antesy que, de momento, no había recibido respuesta..

La juez Coro Cillán admitió la querella contra Sánchez Manzano y la jefa de laboratorios de los Tedax por los delitos de falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento en julio de 2009. Desde entonces, la instructora ha practicado numerosas diligencias, entre ellas ha citado a declarar en calidad de testigos a más de 40 artificieros que participaron en la recogida de restos de los atentados de Madrid. Durante este tiempo las maniobras del exjefe de los artificieros para paralizar la instrucción y evitar que la magistrada lo siente en el banquillo de los acusados por su actuación en el 11-M ha sido una constante.