La Audiencia Nacional procesará a los tres imputados del chivatazo
De mantenerse la acusación contra García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros por colaborar con ETA, les juzgaría el magistrado que dejó en libertad a Troitiño.
Los tres imputados que hay hasta el momento en el caso Faisán -Enrique Pamiés, Víctor García Hidalgo y José María Ballesteros- serán procesados por la Audiencia Nacional, tal y como informa La Razón. En este sentido, fuentes jurídicas aseguran que la instrucción del juez Pablo Ruz acabará con el procesamiento del el ex director general de la Policía y de los dos mandos policiales.
De los tres, el que peor lo tiene es el inspector Ballesteros, que reconoció ante el juez que se encontraba en el bar Faisán cuando se produjo el chivatazo, aunque él ha asegurado que no participó en los hechos.
Por su parte, el jefe superior de la Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, también está imputado y el juez Ruz avaló las conclusiones del equipo investigador que vinculó a Pamiés en los hechos.
Existen más dudas sobre la imputación de Víctor García Hidalgo. El equipo investigador dirigido por Carlos Germán lo señaló como la persona que ordenó el chivatazo. Pero su imputación estaría más cerca después del auto en el que Ruz decidía archivar provisionalmente la investigación cuando dos etarras fueran detenidos con su teléfono. Sin embargo, en esa resolución acordó incorporar parte de las actuaciones a la causa del chivatazo ya que, en opinión del juez, existen "elementos de imputación penal".
Mientras tanto, la Fiscalía está empeñada en demostrar que la Audiencia Nacional no es competente en este asunto. El Ministerio Público considera que los imputados no habrían colaborado con ETA al no compartir los fines de la banda terrorista, por lo que al desaparecer el delito de terrorismo el caso pasaría a los juzgados de Irún.
De ser procesados, fuentes jurídicas aseguran que serían juzgados por la Sala Tercera de la Audiencia Nacional por lo que la causa la llevaría Alfonso Guevara, que dejó en libertad al etarra Troitiño por una interpretación errónea de la doctrina relativa al doble cómputo de la prisión preventiva.
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