El Ministerio del Interior ha acercado a la cárcel asturiana de Villabona al etarra Luis Mariñelarena Garciandia, condenado por el asesinato del dirigente socialista Fernando Buesa. Además, ha trasladado en los dos últimos meses al menos a otros tres presos de la banda a las cárceles vascas de Nanclares de la Oca (Álava) y Martutene (Guipúzcoa), según informaron a Europa Press fuentes penitenciarias.
En 2002 la Audiencia Nacional condenó a Mariñelarena a 100 años y nueve meses de cárcel por el asesinato, dos años antes, del portavoz socialista en el Parlamento vasco Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez. Además, en 2007 fue condenado a otros 22 años y medio por el intento de asesinato del presidente de la Diputación de Álava, Ramón Rabanera.
Detenido en octubre de 2001 por la Policía Nacional, este terrorista ha permanecido los últimos diez años entre cárceles de Madrid y Galicia, concretamente en el centro penitenciario de A Lama en Pontevedra desde donde ha sido trasladado ahora a Villabona. La cárcel asturiana es, junto a Zuera (Zaragoza), las dos principales prisiones a las que el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba lleva a cabo su política de premios para los terroristas que supuestamente dan alguna muestra de arrepentimiento o que se muestran favorables a un proceso de negociación entre el Gobierno y ETA.
En muchos casos los presos que terminan cumpliendo su pena en Zuera o Villabona permanecen un tiempo en cárceles gallegas. En caso de que Instituciones Penitenciarias considere que la desvinculación de las directrices de ETA es casi total, estudia entonces su traslado a Nanclares de la Oca, donde según Rubalcaba "ya no quedan presos de la banda terrorista ETA", aunque allí se encuentren algunos de los mayores asesinos de la banda terrorista.
El último ejemplo de esta política penitenciaria es Andoni Díaz Urrutia, recién llegado a Nanclares procedente de Villabona, según las mismas fuentes consultadas. Allí coincidirá con otros veteranos etarras como José Luis Álvarez Santacristina, alias Txelis o Idoia López Riaño, alias la Tigresa. En ocasiones la banda castiga a estos internos con la expulsión de la banda y del Colectivo de Presos sólo por el mero hecho de haber sido trasladados ese centro penitenciario.
José Antonio Díaz Urrutia, alias Andoni, era empleado de Caja Laboral y fue condenado en 2007 a 11 años de prisión por la Audiencia Nacional, acusado de integración en organización terrorista, dentro del macroproceso KAS-EKIN-XAKI (sumario 18/98) contra el entorno de ETA.
Aldasoro, alejado a Valladolid
No obstante, el traslado a Zuera y Villabona no es irreversible y en caso de que los presos no muestren avances en su ruptura con ETA pueden ser alejados a otras cárceles haciendo el camino de vuelta. Ese ha sido el caso de Ramón Aldasoro que recientemente ha abandonado la prisión asturiana donde llegó en 2009 y ha sido trasladado a Valladolid, han indicado estas fuentes.
Además Interior ha acercado a otros dos etarras a la cárcel guipuzcoano de Martutene. Se trata de José Ángel Biguri Camino, procedente de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y Gotzone López de Luzuriaga Fernández (procedente de Valladolid).
Detenida en 1989, López Luzuriaga (de 62 años) integraba el grupo Araba de ETA. La detención se produjo tras un enfrentamiento con agentes de la Guardia Civil, en la autopista Bilbao-Behovia, donde murieron los etarras Juan Oyarbide Aramburu "Txiribitas" y Manuel Urionabarrenechea Betanzos 'Manu'. Entre 1990 y 1991 fue condenada a un total de 127 años de prisión por tres asesinatos y un atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de la localidad alavesa de Llodio.
En la misma operación fue arrestado en 1989 Biguri Camino. En diciembre de 1991 fue condenado a 51 años de cárcel también por el atentado cometido contra la casa cuartel de LLodio.
Dos alejamientos
En el capítulo de castigos, además de Ramón Aldasoro, Interior ha alejado desde la cárcel de Navalcarnero (Madrid) hasta Almería al miembro de Segi detenido en 2010 Xabier Arina y desde Alicante hasta Granada a Iban Apaolaza, entregado a España por las autoridades canadienses en 2008.
Detenido en Québec había formado parte del grupo Barahuste de ETA, que actuó en Madrid tras la ruptura de la tregua de 1999, y podría haber participado en el asesinato del teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco García. El etarra, de 37 años y natural de Beasain (Guipúzcoa), estaba reclamado por el Juzgado Central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional desde 2002.