Chivatazo a ETA: cinco años de impunidad

Han pasado cinco años del soplo policial a ETA. El 4 de mayo de 2006 ya estaba preparada una operación que pretendía desmantelar el aparato de extorsión de la banda terrorista, que se centralizaba a través del bar Faisán, situado junto a la frontera de Irún y Behobie. Pero, en pleno proceso de negociación de Zapatero con la ETA, alguién desde un teléfono del ministerio de Interior alertó Joseba Elosua, propietario del Bar Faisán y desbarató la operación policial.

Semanas después, en junio de ese mismo año, Joseba Elosua era detenido y trascendía que una operación policial anterior había fracasado debido a un soplo que provenía de la propia Policía. Se abría entonces la investigación del caso conocido como chivatazo en el juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.

Elosua fue alertado de una inminente operación policial contra él y otros miembros de la banda a través de un teléfono móvil que le facilitó una persona cuando salía de su casa. El hecho se conoció gracias a una baliza que existía en el vehículo de Elosúa, y que grabó como se lo contaba a su cuñado, Carmelo Luquin.

Pero cinco años después, la instrucción todavía continúa. Y es que el proceso judicial se ha encontrado con dos obstáculos principales. El primero, Baltasar Garzón. La investigación la abrió Fernando Grande Marlaska que se encontraba sustituyendo temporalmente a Garzón en el juzgado de Instrucción Número 5, pero cuando el juez estrella se reincorporó al juzgado guardó el asunto en un cajón durante más de tres años. La suspensión de Garzón como juez de la Audiencia Nacional supuso la llegada del juez Pablo Ruz y la reactivación del caso.

En segundo lugar, la instrucción se ha enfrentado a la actitud obstruccionista de la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público ha hecho, y sigue haciendo, todo lo posible por echar tierra sobre este escándalo. El 5 de octubre de 2009 solicitaba el archivo del caso porque consideraba "agotada" la investigación porque no se podía determinar quién informó a la banda terrorista. No solo eso, este mismo martes la Fiscalía se oponía a que desalarse el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho.

En estos cinco años las investigaciones periodísticas y la persistencia de algunos diputados del Partido Popular, especialmente Ignacio Gil Lázaro e Ignacio Cosidó, en reclamar, cada semana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, responsabilidades al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, han permitido mantener vivo el caso.

La llegada de Pablo Ruz al juzgado de instrucción número 5 marcó un antes y un después. El juez dio un nuevo impulso a la causa abriendo nuevas diligencias y tomando declaración a los principales implicados en el caso. Además, identificó a los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior que desde la noche anterior a la delación el 4 de mayo de 2006 hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputado en la causa. Uno de esos tres teléfonos pertenecía al número dos de Rubalcaba, el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho. Sin embargo, El juez no lo citó a declarar porque consideró que su testimonio no era "determinante" para el esclarecimiento de los hechos.

El juez ordenó a la Guardia Civil que aportara al sumario un informe sobre las grabaciones en torno al bar de Joseba Elosúa para averiguar por qué contienen pasajes en negro justo en el momento que se produjo el soplo. La Benemérita concluyó que los cortes de los vídeos no fueron "accidentales".Según este el informe pericial, los pasajes negros de las cintas habrían sido realizados en tiempo real por el equipo de investigación que dirigía el entonces inspector Carlos Germán, al que muchos señalan como presunto autor del soplo. Sin embargo, la Comisaría General de Policía Científica sostenía que los cortes podrían haberse producido "por agentes externos, accidentalmente o por deterioro". La conclusión a la que llegó el Instituto Armado es bien distinta y choca con la tesis de la Policía.

En un auto hecho público el 28 de marzo Ruz señalaba al inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros, como el 'contacto' del chivatazo a ETA el magistrado explicaba en el auto que en las imágenes de las cámaras de Faisán se ve como Ballesteros entró en el bar en tres momentos distintos entre las 11 y 12 horas del 4 de mayo de 2006, día en que se produjo el soplo a la red de extorsión de la banda criminal. José María Ballesteros era un inspector de la Policía Nacional destinado en la Brigada de Información de Álava, con sede en Vitoria. Era, a su vez, un agente de la absoluta confianza de Enrique Pamiés, jefe Superior de la Policía del País Vasco. Ascendió a Comisario en el año 2004.

En cualquier caso, al margen de si el soplo lo dieron Ballesteros, Carlos G.o Pamiés, lo que queda nítidamente claro en toda la investigación es que se trata de una decisión política, y que los policías actuaron por orden de sus superiores políticos.

Por si quedaba alguna duda al respecto, las actas de la negociación con el Gobierno de la banda terrorista ETA lo confirman. Así en los documentos incautados al jefe etarra Thierry consta que en el año 2006, dos emisarios del Gobierno comunicaron a la banda terrorista que las detenciones de Elosua y sus cómplices fueron un "accidente". "Dice que han intentado todo para evitar" la operación contra la red de extorsión de ETA "pero que no han podido pararlo".