Que Bildu es un instrumento de ETA para estar en las elecciones del 22-M está claro a ojos del Partido Popular. El principal argumento en manos de los populares es el último informe policial entregado al Gobierno, y que define esta coalición como "creación" de la banda terrorista.
Tan contundente documento llevó ayer al Comité de Dirección a ir un paso más allá en su estrategia y pedir formalmente al Ejecutivo que impugne ante el Tribunal Supremo toda la candidatura de Bildu. Toda la marca, y no únicamente las listas manchadas, como se estaba negociando hasta ahora.
Así lo dijo, en rueda de prensa, María Dolores de Cospedal, dejando entrever una rectificación en la línea trazada y dando la razón de facto a Ángel Acebes, que emplazó a la utilización de la Ley de Partidos para la ilegalización del conjunto de la marca proetarra. "Pedimos la anulación de la candidatura", zanjó la secretaria general, dejando en el aire los pactos alcanzados con el Ejecutivo en materia antiterrorista.
Horas después llegaban las matizaciones, consecuencia de las dos corrientes -avanzadas por Libertad Digital- que chocan un día sí y otro también en la sede nacional de los populares. Fuentes del aparato explicaron que no basan su estrategia en la Ley de Partidos, al uso de la doctrina Acebes, sino en ir eliminando una a una las listas por estar "viciadas de origen" hasta que no quede ninguna.
El fondo -que no la forma- es el mismo, según esgrimieron en Génova. Este martes, en los micrófonos de Onda Cero, el interlocutor con Alfredo Pérez Rubalcaba, Federico Trillo, sacaba pecho de su gestión -muy cuestionada en los últimos días- y defendía su propia doctrina frente a la del ex ministro Acebes: "Existe un pacto con el Gobierno para presentar un recurso contra todas las listas" de la coalición Bildu.
En otras palabra:, no impugnar Bildu como coalición -como afirmó Cospedal- sino todas las listas viciadas de origen, una por una. Arguye este matiz en que esta fórmula es "más rápida" e imposibilitaría la presencia de ETA el 22-M.
Según avanzó Trillo, el acuerdo con el Ejecutivo es formal, y si lo incumple "tendrá consecuencias". Cospedal dijo en la víspera que no estaba cerrado. "Se han dado pasos positivos", dijo en relación al gabinete gubernamental, para volver a insistir en que la salud de los pactos comunes no es mala. Puso como ejemplo de que Rubalcaba va en la buena dirección que Sortu ya es ilegal.
Sin embargo, casi paralelamente, la número dos del PP insistía en reclamar la impugnación de toda la candidatura en conjunto, argumentando –precisamente- ese "vicio de origen". Incidió en que "no es contradictorio" pedir "la impugnación de todas las listas" y también "la impugnación de la coalición". "Una cosa no entorpece a la otra", aseguró en TVE.
En la sede del PP admiten esta confusión de criterios, y la encuadran en el interés de estar "muy vigilantes" pero a su vez no romper los cauces de comunicación con el Ministerio del Interior. Otras voces indican, no obstante, que los sectores "más progresistas" se han asustado por la campaña del PSOE que dice que Mariano Rajoy está "entregado a la derecha más radical". De ahí que haya menguado, en menos de 24 horas, el discurso contra ETA.