Los intermediarios de los ERE fueron contratados por la Junta de Andalucía

La confirmación de la implicación de la Junta fue confirmada ayer durante la sesión de control al gobierno socialista andaluz. Javier Arenas lo enunciaba de este modo: "Los intrusos, los intermediarios y los comisionistas campan a sus anchas, empezando por algunos cachorros del poder", decía el presidente del PP andaluz añadiendo que su partido está "en condiciones de demostrar que ha habido órdenes de pago" a estos intermediarios, una práctica situada fuera de cualquier procedimiento administrativo público. Minutos después, se hacía público un documento firmado por Francisco Javier Guerrero cuando era director general del Trabajo de la Consejería de Empleo que demuestra que la Junta elegía y ordenaba el pago a empresas intermediarias y comisionistas en las negociaciones de los ERE. Sería, pues, conveniente investigar los ERE producidos desde hace 10 años, fecha en que se puso en marcha el sistema de "fondo de reptiles", pero el PSOE ha tumbado la propuesta de PP e IU. Sólo se investigarán los ERE que estén en vigor.

"No intenten pasar por víctimas porque ustedes son los culpables", ha trasladado Arenas a los socialistas y le ha pedido que "responda ante el Parlamento y ante los jueces", no sin antes recomendar al presidente de la Junta que se lea con detalle la sentencia del Tribunal Supremo 678/98 en la que se señala que actuar al margen de cualquier procedimiento administrativo, puede "suponer incurrir en prevaricación".

El presidente del PP andaluz ha criticado que cuando se descubre el pastel de la "arbitrariedad en el administración de los fondos públicos", la Junta decida que los "responsables" son los periodistas o los miembros del PP. Así, tras recordar que en el pasado Pleno preguntó al presidente sobre si el tema de los ERE se había abordado en Consejo de Gobierno y que éste le trasladó que no, se ha referido a una información periodística que apunta que a través de siete Consejos de Gobierno los fondos de los ERE se incrementaron en 124 millones, "cuando había siete informes anuales de intervención advirtiendo de las ilegalidades". A su juicio, sólo este hecho justifica la dimisión del ex presidente de la Junta y actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y la de Griñán.

Javier Arenas ha advertido de que la recuperación de la política, la regeneración institucional y la salida de la crisis tienen que ir de la mano, apuntando que sin transparencia y sin acabar con las corruptelas, Andalucía no podrá salir con fortaleza de la crisis. Ha lamentado que el PSOE se haya negado durante 15 años a crear una comisión de investigación en el Parlamento comisión, que impida que comparezca el interventor de Hacienda en el Parlamento, y que las ayudas a las empresas se produzcan "a las que usted quiere, cuando quiere y sin que nadie se entere".

De investigar los ERE desde que existe el "fondo de reptiles", nada de nada

El pleno del Parlamento ha rechazado, con los votos en contra del PSOE-A y a favor de IU-CA, una proposición no de Ley presentada ayer jueves por el PP-A en la que se solicitaba que la Cámara instara a la Junta a ampliar la investigación interna sobre las ayudas concedidas para financiar expedientes de regulación de empleo (ERE) y a empresas en crisis desde el ejercicio 2001. El objetivo de la propuesta es que no se establezcan limitaciones sólo a expedientes 'vivos', sino que también se investiguen a aquellos que se consideran 'muertos', es decir, los que ya han sido abonados y no tienen pendientes ningún compromiso de pago.

Además, el PP proponía lo siguiente:

1. Que se regule "con carácter" urgente mediante norma los programas y ayudas sociolaborales relacionados con procesos de reestructuración de empresas.
2. Que ni la concesión de las ayudas que se articulen bajo estos programas, ni la materialización del pago de las mismas, puedan ser objeto de encomienda de gestión o encargo de ejecución a ningún ente instrumental del sector público de la Junta.
3. Que se elimine la figura del comisionista en relación con las ayudas sociolaborales a trabajadores y prejubilados procedentes de expedientes de regulación de empleo.
4. Que se promueva la convocatoria de concurso público en aquellos casos que sea necesaria la participación de empresas aseguradoras para la suscripción de pólizas y subvencionadas por la Junta, asegurando en todo caso la competencia efectiva y la transparencia en la adjudicación de contratos públicos.
5. Que se dejen sin efecto las pólizas correspondientes a falsos prejubilados detectados en expedientes de regulación de empleo subvencionados.

Todo esto ha sido tumbado por el rodillo socialista que ha calificado de "mentiras" las consideraciones del PP e IU.