2006: El año que Zapatero se entregó a ETA

(Libertad Digital) El comunicado etarra  supuso el punto de inflexión de la política sobre ETA del Gobierno. El único compromiso del alto el fuego, que convivió con extorsiones, terrorismo callejero y rearme, era el de no matar. Y estalló el 30 de diciembre junto con el aparcamiento de la Terminal 4 de Barajas, un atentado que dejó dos muertos. Un nuevo "accidente mortal", como llamó el día anterior Rodríguez Zapatero a este tipo de atentados de la banda.

 

Resultó descorazonador observar al Ejecutivo poniendo sobre la mesa de la negociación con la banda asesina lo que no le pertenecía, las instituciones democráticas de las que es deudo y debería ser defensor. Resultó aún más sangrante observar que de las dos partes sólo una mostró tener claros los objetivos y firmeza en sus propósitos. Y no era el Gobierno. El Ejecutivo hizo todos los esfuerzos para hacer cumplir lo que se adivinaban compromisos ante la ETA, intentando humillar y detener al Estado de Derecho, y hacer de menos a las víctimas.

 

Pero 2006 fue, otra vez, un año de respuesta por parte de los españoles, que volvieron a salir sin miedo a la calle para enfrentarse al Gobierno y a ETA, y en defensa de la nación española y de las instituciones democráticas que heredamos en la Transición. Claro, que ese período de nuestra reciente historia también estaba siento atacado por el Gobierno el "año de la memoria histórica".

 

 

Que el Gobierno estaba negociando con ETA y que parte de sus compromisos con la banda asesina era buscar el desprestigio y la anulación política de las víctimas era cosa sabida. Lo que entraba sólo dentro del terreno de la sospecha es que los contactos entre ETA y el PSE comenzaran antes de las elecciones del 14 de marzo de 2004, y por tanto de los atentados que las precedieron. En concreto, en 2002. Pero el teatro de la negociación no levantó el telón hasta 2005.

 

El año siguiente comenzaba como el anterior, pero el 23 de marzo todo cambió, al menos en apariencia. ETA comparecía ante los españoles para anunciar un "alto el fuego permanente". En realidad era un paréntesis indefinido en sus asesinatos, que no en su actividad criminal, permanentemente condicionado al cumplimiento del Gobierno de los objetivos tradicionales de ETA. La banda asesina, que vive del chantaje, recordaba en su comunicado que "ETA seguirá luchando" hasta llegar a la "autodeterminación". Mientras, exigía el cese del cerco policial y la celebración de un referéndum de secesión. Por si quedaban dudas de la posición de la banda, emitió un segundo comunicado ese mismo día en el que insistía: "Nos reafirmamos en el compromiso de seguir dando pasos en el futuro acordes a esa voluntad y de seguir luchando hasta lograr los derechos de Euskal Herria".

 

Mariano Rajoy, líder del partido de la oposición, advirtió que de lo que hablaba ETA era de "una pausa; no es una renuncia a la actividad criminal", y declaró que "el PP apoyará al Gobierno para que no pague un precio político a los terroristas". José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, saldría ante la opinión pública con el mensaje de que él tenía la "certidumbre" de que la proclamación de "alto el fuego" de ETA era "la antesala del final definitivo" de ETA. Sus palabras eran ambiguas. ¿De dónde sacaba esa "certidumbre"? ¿Tenía más información o era una mera convicción moral? El final definitivo, ¿en qué condiciones? Pues, ¿a qué había renunciado ETA, que acababa de reafirmar en dos comunicados, no ya sus objetivos al completo, sino el método criminal para conseguirlos?

 

 

Zapatero ha dado muestras en los catorce meses de falsa tregua de querer relativizar el carácter criminal del terrorismo, un modo de restar a su vez la importancia de las víctimas, un punto clave en el discurso tácito del Gobierno. Por ejemplo, cuatro días después de los dos comunicados llamó a los atentados "incidentes". Más tarde, el día antes de que ETA hiciera saltar por los aires el llamado "proceso de paz", Zapatero llamaría a los atentados terroristas "trágicos accidentes mortales".

 

ETA se ha destacado en todo este tiempo por un lenguaje claro tanto en sus objetivos como en su determinación a volver al crimen si éstos no se cumplían. El 11 de abril del pasado año dijo que sin autodeterminación y total amnistía no había "proceso de negociación".

 

Y las víctimas, que reclamaban para sí un protagonismo que les negaban Gobierno y criminales, no querían que el primero cayera en pagos políticos a la banda ETA.

 

Pese al anunciado "alto el fuego", ETA continuó con su política criminal. Siguió recaudando dinero procedente de la extorsión y aumentó su arsenal. En el primer mes de tregua ya se constató que era menos real que lo que pretendía el Gobierno. Los españoles no se la creían. Y el Gobierno echó a Bono del Consejo de Ministros y situó a Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de Interior. Un movimiento que ETA pareció agradecer hace ya un año porque en palabras de Pernando Barrena resultaba "interesante". Dijo entones que Rubalcaba "ha estado en la cocina del proceso desde el principio". El Gobierno no estaba dispuesto a que su gran apuesta política fallase y siguió adelante. El entorno de ETA le dijo a Zapatero cómo hacerlo: con una "mesa política". Rubalcaba no tenía empacho en decir, tras reunirse con la cúpula policial, que el alto el fuego era "completo y real".

 

Rendir la Justicia a las exigencias de ETA

 

Los antecedentes recomendaban tomarse el anuncio de ETA con prudencia. Pero había al menos una diferencia entre este "alto el fuego" de la banda y los anteriores: la firme voluntad del Gobierno de arrodillar al Estado de Derecho y a la Justicia para ponerlos al servicio político del "proceso"; es decir, de ETA. La política antiterrorista marcó gran parte de la actividad política y judicial de 2006 y siguió haciéndolo en este 2007. Desde los primeros meses, tanto la necesidad de abrir el camino a la llegada de una tregua pactada de antemano con ETA como la creación de un escudo que amortiguara los golpes judiciales que podrían llegar debido a las múltiples causas pendientes de los terroristas y de su entorno hizo que el Gobierno Zapatero lanzase sus tentáculos sobre el Poder Judicial y, especialmente, sobre la Audiencia Nacional.

 

Aprovechando el restringido, pero a veces efectivo, poder de decisión que desde La Moncloa se tiene sobre la judicatura, el primer movimiento del presidente del Gobierno fue dar la instrucción al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para que destituyese al por entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, que durante los últimos años se había convertido en el auténtico terror judicial de los terroristas y sus acólitos.

 

En un primer momento, se aseguró que la marcha de Fungairiño se debió a "motivos estrictamente personales", pero poco se tardó en conocer la verdad sobre su salida de la Audiencia Nacional. Según desveló Libertad Digital, Conde Pumpido ofreció a Fungairiño dos únicas salidas: presentar voluntariamente la renuncia –como hizo– o asumir su destitución. Incluso el propio fiscal general del Estado reconocería que la nota de prensa emitida desde el alto tribunal para dar a conocer a destitución de Fungairiño no decía la verdad y justificaba la decisión tomada acusando al fiscal de desobedecer sus órdenes e incumplir una serie de instrucciones que le había impartido. En palabras de Conde Pumpido "la paciencia tiene un límite".

 

 

Las reacciones a la destitución del fiscal no se hicieron esperar. El ex ministro del Interior y europarlamentario del PP, Jaime Mayor Oreja, no dudó en afirmar que "la cabeza de Fungairiño forma parte del proceso de paz, del Estatut y de Estella"; y la Asociación Víctimas del Terrorismo, los lectores de Libertad Digital y miles de ciudadanos le rindieron un cálido homenaje junto al monumento a la Constitución de 1978 en Madrid. Pese a todo, no faltaron los que aplaudieron esta destitución. El polémico Gregorio Peces Barba, por entonces todavía alto comisionado para las víctimas del terrorismo, justificó la destitución por la "desidia o lo que fuera" de Fungairiño.

 

La razón real de la destitución del fiscal la daba el que fuera presidente de la Ejecutiva del PNV durante más de veinticinco años, Xabier Arzalluz. "Si se está iniciando un camino de entendimiento y arreglo con el mundo de ETA el Gobierno tiene que sujetar a los fiscales para allanar el camino. Si alguien ha sido tocahuevos, ése ha sido Fungairiño", afirmó. El cambio del fiscal jefe de la Audiencia Nacional no fue la única noticia de la relación entre la judicatura y el proceso de negociación con la que se iniciaba el año. Y es que el portavoz de Batasuna-ETA, Arnaldo Otegi, inició los primeros días de 2006 sentándose ante los magistrados del alto tribunal y no dejó de hacerlo hasta pocos días antes del verano. Esta primera visita fue debido al mitin que protagonizó en noviembre de 2004 en el donostiarra velódromo de Anoeta, donde propuso la creación de las dos mesas de negociación.

 

 

Un par de meses después, a mediados de marzo, Otegi fue citado de nuevo a la Audiencia Nacional, pero esta vez como imputado, por los actos violentos realizados durante la huelga general convocada por el entorno de ETA, pero no acudió. Una supuesta neumonía, que se agravó con el paso de los días, retrasó su comparecencia ante el magistrado Fernando Grande Marlaska. Por fin, el 29 de marzo compareció en el alto tribunal, al mismo tiempo que en su localidad natal los acólitos de ETA se manifestaban para mostrarle su apoyo. Con muchas dudas, la Fiscalía de Conde Pumpido solicitó en un primer momento el ingreso en prisión del portavoz de Batasuna-ETA, pero finalmente optó por solicitar prisión eludible bajo fianza. Parecido criterio tuvo Grande Marlaska, que mandó al vocero político de ETA a la cárcel hasta que no pagase una fianza de 200.000 euros.

 

Con Otegi en la cárcel llegaban una de las declaraciones más polémicas del presidente del Gobierno, quien en una entrevista en un canal privado de televisión aseguró que "Otegi, el líder de la izquierda abertzale, ha hecho un discurso por la paz". Al día siguiente, el diario Gara, altavoz del entorno de ETA, publicaba una entrevista con el portavoz proetarra en la que afirmaba que "la fortaleza de la izquierda abertzale está en haber derrotado la transición política española". La entrada en prisión de Otegi llevó al entorno de ETA a hacer una cuestación popular para pagar la fianza del líder proetarra. Así, el dirigente de Batasuna-ETA Joseba Permach pidió dinero a los vascos para excarcelar a Otegi, Olano y Petrikorena. Es más, convocaron una manifestación de apoyo al portavoz proetarra y para recaudar fondos a la que asistieron dirigentes de ERC, por aquel entonces todavía socio preferente del Gobierno Zapatero. Pese a que dos días después de salir de prisión el portavoz de Batasuna-ETA ya asistía a manifestaciones proetarras, el secretario de organización del PSOE, José Blanco, no dudó en disculpar el pasado terrorista de Otegi. En 2007 su paso por los tribunales fue más escandaloso, con la Fiscalía actuando de acuerdo con la abogada del batasuno.

 

El normal tránsito de terroristas y dirigentes de las estructuras políticas y sociales de la banda terrorista ETA por la Audiencia Nacional trajo consigo constantes declaraciones desde el Gobierno, cargos públicos nombrados por el Ejecutivo y políticos proclives a la negociación con ETA para que jueces y fiscales no condenasen severamente a los terroristas y sus acólitos por los crímenes y delitos cometidos. Una figura estelar en ese apoyo desde el mundo judicial al proceso de negociación fue el fiscal general del Estado. Tras la inicial orden de prisión de Grande Marlaska contra Otegi, Olano y Petrikorena, criticó duramente la decisión del juez, llegando a calificarla de "grave" y "preocupante". Del mismo modo, afirmó que la prisión para Otegi "merece una reflexión" e instó a jueces y fiscales a que valorasen "la nueva situación", en alusión a la negociación con ETA. Poco después, presentaba a su "amigo" Javier Zaragoza como nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y como "hilo conductor de las decisiones del Parlamento en el proceso de paz".

 

 

También el controvertido juez Garzón mostró abiertamente su apoyo a la negociación con ETA, llegando a asegurar que "hay que hablar incluso con el diablo" y que "un Gobierno tiene la obligación de hacerlo". Unos meses antes, tanto Baltasar Garzón como Cándido Conde Pumpido habían bendecido el encuentro político entre el PSE y el brazo político de ETA debido "a las actuales circunstancias", en alusión a la negociación. El presidente del Senado, el socialista alavés Javier Rojo, se unió asegurando que los jueces son "seres inteligentes capaces de evaluar el momento". Pese a todo, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, se mostraba firme: "Los jueces tienen que aplicar la ley, les guste o no".

 

El fiscal general del Estado también intentó nadar en la equidistancia y llegó a afirmar que la negociación con ETA no afectaría "al afán de la Fiscalía de seguir aplicando la Ley" y que "el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino". Pese a estas palabras, la Fiscalía no dudó en rebajar la petición de cárcel de 96 años a un máximo de 13 para el sanguinario terrorista de ETA José Ignacio de Juana Chaos, lo que provocó la dimisión del fiscal que representaba al Ministerio Público en esa causa. Un anuncio, además, que coincidió con el abandono de De Juana Chaos de una falsa huelga de hambre que complicaba el proceso de negociación al Gobierno Zapatero. Repetiría huelga de hambre el asesino de 25 personas y conseguiría al final que la condena se quedara en tres años. Con un nuevo chantaje al Gobierno también consiguió su excarcelación. Quedó ingresado en el Hospital Donosita y se dejó ver por sus alrededores paseando con total tranquilidad.

 

La decisión de la Fiscalía sobre De Juana Chaos la aclaró a principios de diciembre la abogada de etarras y ex electa de Batasuna-ETA en el Parlamento vasco Jone Goiricelaia, quien en una entrevista en ETB, aseguró que el Gobierno "tomó un compromiso de que las penas que se le fueran a imponer a Iñaki de Juana no fueran elevadas y le permitieran salir, pero lo incumplió". Al caso De Juana se unieron otras polémicas decisiones, como pactar una condena mínima con los abogados de un terrorista callejero o que cambiase de criterio y pidiese sobreseer la causa contra Egunkaria porque sostenía no podía acreditar ahora su vinculación con ETA.

 

 

Francia continuaba con su lucha contra ETA con desarticulación de arsenales, coches robados y etarras detenidos. ETA necesitaba ayuda para continuar sin obstáculos su actividad criminal, y la encontró en España, con una llamada hecha al bar donde el etarra Joseba Elosúa recibió un chivatazo de que la policía iba por él. La llamada se hizo desde la sede del PSOE en Gobelas. Manos Limpias pidió a la Audiencia Nacional que investigara si el jefe de seguridad del PSOE, Fernando Mariscal, fue el autor del soplo a ETA, éste dijo que la llamada fue mera coincidencia, ya que el motivo de la misma era llamar a, agente Manuel Riesco para felicitarle por su cumpleaños. Suficiente para que Garzón desestimara las querellas y denuncias contra Mariscal, así como contra el ya ex-comisario general de Información Telesforo Rubio y el comisario jefe de San Sebastián, Manuel Risco.

 

Pero ello no era suficiente para ETA, que el 22 de junio de 2006 exigía el fin de la acción de la justicia sobre ella, y que la Constitución dejara de ser un "obstáculo" para el proceso de rendición. Al día siguiente recordaba que no había cambiado de posición y que el terrorismo callejero no desaparecerá hasta que paren las detenciones. Rosa Díez, ante el cariz que tomaban los acontecimientos, llamó a la "vieja guardia" del PSE a "la resistencia" en el País Vasco. Zapatero quiso recuperar la iniciativa, en manos de ETA, con un discurso en el que anunciaba la negociación con la banda, diciendo entre otras cosas, que "el Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente". Por ello, seguía defendiendo un proceso que claramente estaba trufado de mentiras del propio presidente.

 

 

Pero de las dos partes, asesinos y Gobierno, fueron los primeros los que mantenían la iniciativa y la firmeza. En agosto amenazaban con "responder" si no se cumplían sus exigencias, lo que ya había sido adelantado por Pernando Barrena. En septiembre declaraban que "hasta lograr la independencia y el socialismo de Euskal Herria reafirmamos nuestro compromiso de seguir empuñando las armas firmemente". Y, por si quedaba alguna duda, incrementó el terrorismo callejero. Zapatero miró hacia otro lado, e incluso, ya en octubre, declaró que, desde su punto de vista, "el proceso discurre".

 

Y sí, lo hacía, pero como lo hizo desde el comienzo, sin más renuncia momentánea de ETA que la de no atentar contra la vida de nadie. Porque por lo demás, a las extorsiones, terrorismo callejero y demás actos delictivos, sumaba el de rearmarse, con el robo de 350 armas en Francia. Este hecho (que tras varios intentos de despiste de la opinión pública, fue finalmente reconocido por el Gobierno sin mayor consecuencia), se produjo justo antes de que el Parlamento Europeo, por iniciativa del PSOE, lograra uno de los mayores éxitos de ETA en su larga historia: la internacionalización del "conflicto" con una declaración de la cámara de Estrasburgo en apoyo de la negociación con ETA.

 

Ya en noviembre, ETA lanzó un ultimátum al Gobierno en el que le exigía que antes de que llegara el invierno tenía que convocar una mesa de partidos y la inmunidad política y judicial para su rama política, Batasuna. De no cumplirse, advertía, volverá a matar. Rajoy vuelve a ofrecerse para apoyar al Gobierno en defensa de la Ley, pero Zapatero lo rechaza, y declara que mantiene el "diálogo" con la banda.

 

 

El 29 de diciembre, Zapatero comparecía ante los medios de comunicación para hacer balance del año. Con su hablar interrumpido y su gusto por las frases y los conceptos cortos, declaró solemnemente que "dentro de un año estaremos mejor que hoy", en la confianza de que "el proceso" daría sus frutos. Es cierto que se acababa de encontrar un zulo de ETA creado recientemente, preparado para almacenar explosivos ("una serie de cosas", según Rubalcaba), parte de los cuales probablemente obtenidos en España. Es cierto que ETA dio de plazo al Gobierno el final del otoño para que cumpliera con parte de sus exigencias. Pero Zapatero hacía gala de su "optimismo antropológico", en la confianza de que no se repitieran los atentados mortales de la banda; es decir, los "trágicos accidentes mortales", según sus palabras.

 

A esas horas ya estaba en el parking C de la Terminal 4 de Barajas una furgoneta cargada con no menos de 500 kilos de explosivo, que estallarían al día siguiente, convirtiendo al aparcamiento y a la falsa tregua de ETA en escombros. Los terroristas secuestraron al dueño de la Renault Traffic que estalló en Barajas a las 9 de la mañana. La bomba dejó decenas de heridos y dos desaparecidos por cuya vida apenas se guardaba esperanza en las primeras horas de 2007. El Gobierno, cara al público, se resistía a pronunciar la palabra "muertos" en relación con el atentado, pero en comunicación con las embajadas de los países de nacimiento de los dos desaparecidos, ambos inmigrantes, hablaba oficialmente de muertos.

 

Rodríguez Zapatero se enteraba de la noticia en su residencia de vacaciones en Doñana. No compareció hasta nueve horas y media después del estallido, y no para decir que daba por concluida la negociación con ETA, sino para mantenerla en suspenso. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, declaró ante los españoles que "ya no es el momento de seguir recurriendo a fórmulas ambiguas, sino de anunciar claramente la ruptura del proceso".

 

Los españoles, a la calle