(Libertad Digital) Según ha explicado José María Michavila en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la reforma del Código Penal incluye la modificación de tres artículos por la incorporación de nuevos delitos referidos a la convocatoria de consultas populares y a la financiación de formaciones políticas que han sido ilegalizadas.
Esta reforma tiene dos protagonistas fundamentales. El Plan separatista de Ibarretxe, por ir en contra de la Constitución española, y el Parlamento vasco, por impedir en reiteradas ocasiones la disolución de los herederos de Batasuna. "Hay un grupo parlamentario ilegalizado por ser un instrumento de ETA y de los terroristas que está recibiendo asignaciones de medios, de personal de equipos, de utilización de tarjetas y vehículos que no parece muy razonable", explicó Michavila. Michavila explicó que el Grupo Popular en el Senado será el que plantee esta reforma del Código Penal. Así, se podría aprobar en la presente legislatura.
Como respuesta a esta medida, el lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha anunciado que si el Parlamento Vasco aprueba una propuesta de nuevo estatuto político convocará a la sociedad vasca a una consulta para su ratificación. Ibarretxe, en el turno de réplica de las mociones de censura que se están debatiendo en el Parlamento Vasco contra la consejera de Educación (que calificó de inmigrantes a los estudiantes españoles de fuera del País Vasco), dijo que el PP y el Gobierno español sostienen que "los vascos no tienen derecho a decidir su futuro, ni siquiera a ser preguntados sobre su futuro".
El lehendakari explicó que había recibido en su escaño información sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno para impulsar una reforma del Código Penal para que se considere delito que una autoridad pública usurpe funciones constitucionales y convoque ilegalmente elecciones o referéndum. Al inicio de su turno de réplica, Ibarretxe afirmó, ante el pleno de la Cámara, que iba a "trasladar un compromiso firme, con seriedad pero con firmeza" en torno a esta cuestión.