L D (Agencias) El Ejecutivo comunitario estudiará en su reunión semanal la denuncia, presentada por España el 28 de julio, contra la normativa británica aprobada el pasado mayo para las próximas elecciones europeas. España considera que el Reino Unido ha violado el Tratado de la UE, porque permite la participación en las elecciones europeas de ciudadanos no comunitarios.
La ley británica reconoce la competencia de Gibraltar de elaborar su propio censo de acuerdo a su normativa, según la cual cualquier ciudadano de la Commonwealth puede adquirir la ciudadanía gibraltareña y, por lo tanto, tiene derecho a votar, aunque no sea de origen comunitario. El Ejecutivo analizará otro argumento utilizado por España en su denuncia, en la que señala que la normativa británica "crea una región electoral combinada, en la que incluye a Gibraltar", lo que considera que también está en contra de la legislación comunitaria, agregó Kemppinen.
Además, la Comisión examinará le ley electoral británica en su conjunto para ver si plantea algún problema con respecto a la directiva sobre derecho al voto para los ciudadanos europeos. La normativa de los Quince establece que "un ciudadano europeo residente en otro estado europeo tiene el derecho de votar" a nivel local, regional y en la UE. Por ello, la Comisión deberá analizar el "estatuto de ciudadano británico" ya que, a priori, se considera que los ciudadanos de la Commonwealth no tienen forzosamente la ciudadanía británica, un aspecto resaltado en la denuncia española. El inicio de este asunto estuvo en una denuncia que los ciudadanos de Gibraltar presentaron contra el Reino Unido ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque no podían votar en las elecciones europeas. La Corte falló en contra del Reino Unido que, para cumplir con la decisión elaboró la ley que reconoce a los ciudadanos gibraltareños su derecho a voto en los comicios europeos, explicaron fuentes comunitarias.
Por eso, España presentó la demanda ante la Comisión, que ahora deberá decidir si existe o no violación de los tratados europeos. Si el Ejecutivo decide que hay violación por parte del Reino Unido, entonces enviaría un dictamen motivado a las autoridades británicas para que modifiquen su legislación y, si no lo hacen, podrían denunciar a este país ante el Tribunal de Justicia de la UE. En caso de que la Comisión considere que no existe tal violación y, por tanto, no iniciara ninguna acción, España tendría el recurso de ir contra el Ejecutivo por inacción, según las mismas fuentes. Por otro lado, el portavoz comunitario explicó que, según la normativa de los Quince, antes de que un Estado miembro inicie una acción contra otro debe llevar el asunto ante la Comisión y ésta consultará con ambas partes. En el marco de esas consultas, representantes españoles se reunieron hace quince días con miembros de la dirección de Justicia e Interior de la UE para estudiar este asunto. Es en ese contexto en el que se producirá el examen por parte del Ejecutivo la próxima semana, agregó.
La ley británica reconoce la competencia de Gibraltar de elaborar su propio censo de acuerdo a su normativa, según la cual cualquier ciudadano de la Commonwealth puede adquirir la ciudadanía gibraltareña y, por lo tanto, tiene derecho a votar, aunque no sea de origen comunitario. El Ejecutivo analizará otro argumento utilizado por España en su denuncia, en la que señala que la normativa británica "crea una región electoral combinada, en la que incluye a Gibraltar", lo que considera que también está en contra de la legislación comunitaria, agregó Kemppinen.
Además, la Comisión examinará le ley electoral británica en su conjunto para ver si plantea algún problema con respecto a la directiva sobre derecho al voto para los ciudadanos europeos. La normativa de los Quince establece que "un ciudadano europeo residente en otro estado europeo tiene el derecho de votar" a nivel local, regional y en la UE. Por ello, la Comisión deberá analizar el "estatuto de ciudadano británico" ya que, a priori, se considera que los ciudadanos de la Commonwealth no tienen forzosamente la ciudadanía británica, un aspecto resaltado en la denuncia española. El inicio de este asunto estuvo en una denuncia que los ciudadanos de Gibraltar presentaron contra el Reino Unido ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque no podían votar en las elecciones europeas. La Corte falló en contra del Reino Unido que, para cumplir con la decisión elaboró la ley que reconoce a los ciudadanos gibraltareños su derecho a voto en los comicios europeos, explicaron fuentes comunitarias.
Por eso, España presentó la demanda ante la Comisión, que ahora deberá decidir si existe o no violación de los tratados europeos. Si el Ejecutivo decide que hay violación por parte del Reino Unido, entonces enviaría un dictamen motivado a las autoridades británicas para que modifiquen su legislación y, si no lo hacen, podrían denunciar a este país ante el Tribunal de Justicia de la UE. En caso de que la Comisión considere que no existe tal violación y, por tanto, no iniciara ninguna acción, España tendría el recurso de ir contra el Ejecutivo por inacción, según las mismas fuentes. Por otro lado, el portavoz comunitario explicó que, según la normativa de los Quince, antes de que un Estado miembro inicie una acción contra otro debe llevar el asunto ante la Comisión y ésta consultará con ambas partes. En el marco de esas consultas, representantes españoles se reunieron hace quince días con miembros de la dirección de Justicia e Interior de la UE para estudiar este asunto. Es en ese contexto en el que se producirá el examen por parte del Ejecutivo la próxima semana, agregó.