L D (EFE) Álvaro Uribe anunció que el Ministerio de Defensa ha dispuesto un presupuesto de 100 millones de dólares "para estimular desmovilizaciones de grupos de las FARC que traigan consigo secuestrados y los liberen".
El presidente expuso la iniciativa y las condiciones que pone durante una ceremonia de graduación de siete nuevos generales de la Policía en la Escuela General Santander, de Bogotá. La zona "debe ser de alrededor de 150 kilómetros, en zona rural, donde no haya puestos militares o policiacos que sea necesario remover, preferiblemente sin población civil o con muy poca población", señaló Uribe.
Advirtió que ese territorio "tendría la presencia de observadores internacionales" y que "allí los presentes, para definir el intercambio humanitario, no deberían estar armados". Uribe agregó que ha autorizado al alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo "para que con la Conferencia Episcopal de Colombia, con la Iglesia Católica, busquen la manera de juntarse con las FARC y, dentro del marco expresado, encontrar la zona indicada".
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, explicó a periodistas en el mismo sitio, que la condición de "zona de encuentro" del territorio tendría una duración de 30 días. También reveló que el Gobierno colombiano ha solicitado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que gestione ante las FARC un acceso para visitar a los secuestrados y "verificar el estado de salud" de los rehenes.
Entre los secuestrados por las FARC, algunos cautivos desde hace casi diez años, figuran la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, también de nacionalidad francesa y rehén desde 2002, los estadounidenses Tomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, así como decenas de políticos, soldados y policías colombianos.
Uribe dijo que aceptó la propuesta por "razones humanitarias" y recordó en el mismo discurso, los intentos frustrados de su gobierno para encontrar solución al problema de los rehenes de los terroristas con estas "respuestas de las FARC: asesinatos y mentiras". Por ello, subrayó, "por el estado en que se encuentran las personas (secuestradas) (...) en esta hora de dolor los colombianos, no podemos caer en la trampa de ser idiotas útiles del terrorismo".
Antes de exponer el nuevo paso, Uribe enumeró varias de las gestiones fallidas ante las FARC, muchas con participación de "países amigos" y de personalidades, organizaciones multilaterales, de derechos humanos y de la misma Iglesia Católica. Recordó las muertes en cautiverio del ex gobernador del departamento de Antioquia (noroeste), Guillermo Gaviria y de su asesor de paz, el ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri Mejía y, en junio pasado, las de once de los doce diputados regionales del Valle del Cauca (suroeste) que estaban secuestrados desde abril de 2002.
El gobernante de Colombia puntualizó en que es su deber "buscar opciones para liberar a nuestros secuestrados", pero también "impedir que algunas decisiones vayan a constituirse en estímulos al terrorismo". Desde la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, su presidente, declaró que recibió con "mucho agrado la respuesta positiva a la solicitud que hicimos" al mandatario, "de considerar nuevamente" una zona de encuentro para negociar el acuerdo humanitario.
El prelado dijo que la propuesta fue planteada a Uribe a primera hora de hoy, "en los términos más sencillos de una zona de encuentro" y que los requisitos los estableció el mandatario. Agregó que espera que las FARC acepten "positivamente esta visión de la zona de encuentro, para empezar a diseñarla de una manera muy rápida y clara".
La Iglesia Católica colombiana ha sido históricamente mediadora y facilitadora para la búsqueda de procesos de paz con grupos terroristas y para la liberación de secuestrados. Las FARC mantienen 45 rehenes considerados "canjeables" que pretenden intercambiar por 500 guerrilleros encarcelados, además de otros muchos secuestrados.
El presidente expuso la iniciativa y las condiciones que pone durante una ceremonia de graduación de siete nuevos generales de la Policía en la Escuela General Santander, de Bogotá. La zona "debe ser de alrededor de 150 kilómetros, en zona rural, donde no haya puestos militares o policiacos que sea necesario remover, preferiblemente sin población civil o con muy poca población", señaló Uribe.
Advirtió que ese territorio "tendría la presencia de observadores internacionales" y que "allí los presentes, para definir el intercambio humanitario, no deberían estar armados". Uribe agregó que ha autorizado al alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo "para que con la Conferencia Episcopal de Colombia, con la Iglesia Católica, busquen la manera de juntarse con las FARC y, dentro del marco expresado, encontrar la zona indicada".
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, explicó a periodistas en el mismo sitio, que la condición de "zona de encuentro" del territorio tendría una duración de 30 días. También reveló que el Gobierno colombiano ha solicitado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que gestione ante las FARC un acceso para visitar a los secuestrados y "verificar el estado de salud" de los rehenes.
Entre los secuestrados por las FARC, algunos cautivos desde hace casi diez años, figuran la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, también de nacionalidad francesa y rehén desde 2002, los estadounidenses Tomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, así como decenas de políticos, soldados y policías colombianos.
Uribe dijo que aceptó la propuesta por "razones humanitarias" y recordó en el mismo discurso, los intentos frustrados de su gobierno para encontrar solución al problema de los rehenes de los terroristas con estas "respuestas de las FARC: asesinatos y mentiras". Por ello, subrayó, "por el estado en que se encuentran las personas (secuestradas) (...) en esta hora de dolor los colombianos, no podemos caer en la trampa de ser idiotas útiles del terrorismo".
Antes de exponer el nuevo paso, Uribe enumeró varias de las gestiones fallidas ante las FARC, muchas con participación de "países amigos" y de personalidades, organizaciones multilaterales, de derechos humanos y de la misma Iglesia Católica. Recordó las muertes en cautiverio del ex gobernador del departamento de Antioquia (noroeste), Guillermo Gaviria y de su asesor de paz, el ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri Mejía y, en junio pasado, las de once de los doce diputados regionales del Valle del Cauca (suroeste) que estaban secuestrados desde abril de 2002.
El gobernante de Colombia puntualizó en que es su deber "buscar opciones para liberar a nuestros secuestrados", pero también "impedir que algunas decisiones vayan a constituirse en estímulos al terrorismo". Desde la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, su presidente, declaró que recibió con "mucho agrado la respuesta positiva a la solicitud que hicimos" al mandatario, "de considerar nuevamente" una zona de encuentro para negociar el acuerdo humanitario.
El prelado dijo que la propuesta fue planteada a Uribe a primera hora de hoy, "en los términos más sencillos de una zona de encuentro" y que los requisitos los estableció el mandatario. Agregó que espera que las FARC acepten "positivamente esta visión de la zona de encuentro, para empezar a diseñarla de una manera muy rápida y clara".
La Iglesia Católica colombiana ha sido históricamente mediadora y facilitadora para la búsqueda de procesos de paz con grupos terroristas y para la liberación de secuestrados. Las FARC mantienen 45 rehenes considerados "canjeables" que pretenden intercambiar por 500 guerrilleros encarcelados, además de otros muchos secuestrados.