LD (EFE) Los peruanos Raúl Paiva y Rodolfo Noriega, dirigentes del Comité de Refugiados de Perú en Chile, presentaron una querella el veintidós de junio ante el II Juzgado del Crimen de Santiago, contra el presidente electo de su país, Alan García, por violaciones a los derechos humanos durante su primer mandato (1985-1990).
La titular del juzgado, Romy Rutherford, admitió la querella al considerar que constituye un delito de lesa humanidad y que ello tiene competencia internacional. La acción judicial es patrocinada por los abogados chilenos, Hugo Gutiérrez y Roberto Avila.
La demanda está relacionada con las matanzas de presos, algunos pertenecientes al grupos terrorista "Sendero Luminoso", el diecinueve de junio de 1986 en las cárceles de El Frontón, San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara, donde los reclusos se amotinaron para evitar ser trasladados a la prisión de alta seguridad de Canto Grande.
Según Paiva, en esas cárceles se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas durante un motín en 1988, y el Gobierno de Alan García se negó a dialogar con los reclusos. En la cárcel de El Frontón el levantamiento fue sofocado por soldados, que asaltaron el recinto y se enfrentaron con los presos, con un saldo de 119 internos muertos, según Paiva.