L D (EFE) Medellín dijo este martes que posee documentos que avalan su denuncia. “En uno se habla de que Pablo Escobar pagó 5 millones de dólares por la toma del Palacio de Justicia”, afirmó. “(En otro), Escobar habla con un líder del M-19 y negocia la cabeza de Alfonso Reyes (presidente del Supremo) en un millón de dólares, y (ofrece) un millón de dólares por los expedientes de la extradición (de narcos)”, agregó.
El presidente del país, Álvaro Uribe, recibió el lunes varios de los referidos documentos, que le fueron remitidos por el propio Medellín, ministro de Justicia en el Gabinete Betancur desde 1994 hasta 1998. Uribe ya denunció la semana pasada, en Miami (EEUU) que el M-19 mantuvo relaciones con los narcos en la década de los 80.
Medellín, cuyo padre fue uno de los magistrados asesinados en el transcurso del asalto terrorista, declaró a la prensa que le ha llevado 20 años recopilar los documentos, y que en ellos se recogen declaraciones de funcionarios públicos y de ex miembros del M-19.
Medellín, cuyo padre fue uno de los magistrados asesinados en el transcurso del asalto terrorista, declaró a la prensa que le ha llevado 20 años recopilar los documentos, y que en ellos se recogen declaraciones de funcionarios públicos y de ex miembros del M-19.
El senador Antonio Navarro Wolff y el diputado Gustavo Petro, ex cabecillas de ese grupo terrorista, han rechazado las acusaciones. Petro, que preside el Polo Democrático Independiente (PDI), ha declarado que ya se investigó acerca de una hipotética conexión entre el M-19 y los narcos, y que no se hallaron “evidencias”, mientras que Navarro recordó que en 1992 el entonces senador Uribe suscribió en el Congreso una propuesta de respaldo a una norma “que impedía encarcelar a miembros del M-19” complicados en el asalto.La mencionada acción terrorista tuvo lugar el 6 de noviembre de 1985. Los criminales dijeron que tenía por objeto someter al presidente del país, Belisario Betancur (1982-1986), a un juicio político y público. Al día siguiente las fuerzas de seguridad tomaron el edificio, situado en el centro de la capital, Bogotá. En el transcurso de la batalla perdieron la vida 106 personas, incluidos todos los asaltantes y 11 jueces del Tribunal Supremo.