Un ex asesor del Gobierno brasileño reitera que el juego ilegal financió campañas del Partido de los Trabajadores
El ex asesor del ministro brasileño de Hacienda Antonio Palocci reiteró este jueves que incurrió en actos de corrupción cuando era alcalde y que el juego ilegal financió campañas del partido del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El abogado Rogério Buratti, que el pasado viernes hizo temblar los mercados financieros con sus denuncias frente al Ministerio Público, que le investiga por otros asuntos, insistió en sus acusaciones ante una comisión parlamentaria, aunque reconoció que no tiene pruebas.
Palocci fue alcalde de la ciudad de Ribeirao Preto entre 1993 y 1996, y entre 2001 y 2002, cuando dejó el cargo para asumir el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Lula. Buratti fue secretario municipal de Palocci entre 1993 y 1994, y luego trabajó en Leao Leao, una empresa recolectora de basura a la que acusa de haberle pagado 50.000 reales (unos 21.000 dólares) mensuales a la alcaldía para mantener sus contratos.
Ese dinero, según Buratti, acababa en las arcas del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula en 1980, que lo habría usado para financiar campañas políticas, igual que cuantiosos recursos que recibía de mafias del juego ilegal en Sao Paulo y Río de Janeiro. "Es la expresión de la verdad que conozco", dijo Buratti.
Sobre la participación de Palocci en esos asuntos, dijo que no tiene documentos que lo pruebe, pero que "ninguna empresa contribuye sin que el patrón lo sepa. Palocci nunca participó en reuniones para recaudar dinero, pero creo que él sabía". Agregó que el "esquema" que funcionaba en Ribeirao Preto se repetía en otras ciudades y que, "lamentablemente, son las reglas del juego".
El ministro de Hacienda rechazó con "vehemencia" esas acusaciones el pasado domingo, cuando convocó a una rueda de prensa y respondió durante dos horas y media a preguntas de periodistas. Pero Buratti insistió este jueves en que dice "toda la verdad" e insinuó que es Palocci quien miente.
Por su parte, la empresa GTech ha acusado a Buratti de haberle exigido seis millones de reales (2,5 millones de dólares) para asegurar la renovación del contrato con la Caja Económica Federal.
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