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Tres ministros bolivianos son secuestrados por opositores a Morales que exigen instalar una siderúrgica

Los habitantes de Puerto Suárez, junto a sus vecinos de Puerto Quijarro –dos poblaciones bolivianas en la frontera con Brasil–, mantienen retenidos a los ministros de Planificación del Desarrollo, Desarrollo Económico y de Minería. Los inconformes exigen al Gobierno de Evo Morales que autorice la instalación de una planta siderúrgica. La administración central la considera ilegal porque está ubicada en la franja fronteriza, prohibida para extranjeros, y porque pretende utilizar carbón vegetal. Los ministros se encuentran encerrados en el Comité Cívico de la localidad bajo protección de efectivos de la Fuerza Naval Militar y de la Policía.

Los habitantes de Puerto Suárez, junto a sus vecinos de Puerto Quijarro –dos poblaciones bolivianas en la frontera con Brasil–, mantienen retenidos a los ministros de Planificación del Desarrollo, Desarrollo Económico y de Minería. Los inconformes exigen al Gobierno de Evo Morales que autorice la instalación de una planta siderúrgica. La administración central la considera ilegal porque está ubicada en la franja fronteriza, prohibida para extranjeros, y porque pretende utilizar carbón vegetal. Los ministros se encuentran encerrados en el Comité Cívico de la localidad bajo protección de efectivos de la Fuerza Naval Militar y de la Policía.
LD (EFE) Según ha informado el ministro de Defensa de Bolivia, Wálker San Miguel, ha informado de que Carlos Villegas, Celinda Rosa y Walter Villarroel, ministros de Planificación del Desarrollo, Desarrollo Económico y Minería, respectivamente, se encuentran retenidos por los enfurecidos pobladores de Puerto Suárez y Puerto Quijarro.
 
Los habitantes de esas localidades pretenden presionar al Gobierno de Evo Morales para que emita la licencia ambiental en favor de la empresa siderúrgica MMX, filial de la brasileña EBX. Las autoridades de La Paz consideran ilegal la empresa porque está ubicada en la franja fronteriza del país, prohibida para extranjeros, y porque pretende utilizar carbón vegetal, con grave perjuicio para el medio ambiente de la región.
 
Desde la frontera, varios corresponsales han informado de que los tres ministros se encuentran encerrados en el local del Comité Cívico de la localidad pero con protección de efectivos de la Fuerza Naval Militar y de la Policía. Los ministros no han sufrido maltrato, salvo los insultos de gente que participó en la asamblea donde se escucharon las explicaciones de las autoridades a la demanda para que se permita la continuación del proyecto industrial.
 
En La Paz, el ministro San Miguel volvió a acusar a los ejecutivos de la empresa brasileña de burlar la normativa tributaria boliviana y de presionar a las autoridades por medio de los pobladores de la zona fronteriza. Aseguró que "es inaceptable negociar" en estas condiciones. A su vez, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, mantuvo que el Gobierno no negociará la soberanía del país y menos bajo medidas de presión.
 
El funcionario dijo que se denunciará el hecho, que calificó de delito contra el estado de derecho, ante la Fiscalía General de la República, para su investigación y sanción. Los rehenes habían viajado a la frontera para explicar a los pobladores del lugar el mecanismo aprobado por el Gobierno para asegurar la licitación de la explotación de los yacimientos de hierro de Mutún, situados a treinta kilómetros al sur de la zona de conflicto.

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