LD (Agencias) El editorial de The Wall Street Journal (WSJ), titulado "El relato de dos farsas", se publica unos días después de que se conociera que el juez Garzón está estudiando la querella presentada el pasado 17 de marzo por un grupo de abogados contra seis altos funcionarios de la Administración Bush por "dar cobertura legal a la tortura" en Guantánamo.
La querella apunta contra el ex fiscal general de Estados Unidos Alberto Gonzales, el ex subsecretario de Defensa Douglas Feith, el ex jefe de gabinete del entonces vicepresidente Dick Cheney, David Addington, los ex funcionarios del Departamento de Justicia John Yoo y Jay Bybee, y el ex consejero legal del Pentágono William Haynes.
El WSJ se pregunta en su artículo quién corre más peligro en la actualidad de acabar en los tribunales, si el "dictador" sudanés Omar Hassan al Bashir, contra el que pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra y contra la Humanidad en Darfur, o los seis "honorables" servidores públicos a los que se encomendó la "respuesta" de Estados Unidos a las atrocidades tras el 11 de septiembre.
El periódico responde que gracias al concepto de "jurisdicción universal", del que uno de sus máximos exponentes es Garzón, los seis ex funcionarios de la Casa Blanca deben estar más preocupados que Al Bashir, "al menos si viajan al exterior", tras recordar el sonado caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet impulsado por el "hiperactivo juez" Garzón.
"Este caso sería absurdo si las consecuencias fueran menos perniciosas. La simple idea de que cualquier juez pueda juzgar la legalidad de decisiones adoptadas por funcionarios actuando de buena fe bajo las leyes de su propio gobierno echa por tierra conceptos centenarios como la jurisdicción soberana o responsabilidad democrática", defiende el rotativo conservador.
Además, advierte el 'WSJ', envía una "escalofriante señal" a cualquier funcionario, incluidos los de la actual Administración Obama, que deberán tener en cuenta si les merece la pena seguir siendo asesores del presidente ante los riesgos legales a los que se enfrentarían una vez que abandonases sus cargos.
Por último, insiste en calificar de "intercesión" en la soberanía de Estados Unidos la intención de Garzón, asegura que se trata de la receta perfecta para terminar en una "anarquía legal", y confía en que Obama tenga en cuenta las opiniones de sus propios consejeros y condene públicamente el "asalto legal" del magistrado a los ex funcionarios de Bush.