L D (EFE) El coronel Marco Antonio Pedreros, comandante de la Policía en Norte de Santander, ha confirmado el asesinato de 34 campesinos, dos de ellos menores de edad. Pedreros atribuyó la autoría de la matanza al Grupo 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El crimen ocurrió en la finca La Duquesa, situada en la conflictiva región de Catatumbo. Pedreros declaró a la prensa: "Es lamentable. Estamos frente a una masacre de 34 personas, todas de oficio raspachines, o sea recolectores de hoja de coca, de entre 18 y 45 años, y hay dos menores de edad".
"Unos 50 hombres –relató– recogieron a unos 40 raspachines en esa finca, y de manera que uno no entiende, alevosa e infame, procedieron a asesinarlos tras amarrarlos de pies y manos". Otros cinco campesinos resultaron heridos, y uno logró escapar. Los lesionados fueron trasladados a un hospital de Cúcuta, la capital del departamento.
El jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, informó de que su organización y las FARC se disputan el control de la zona donde se perpetró la matanza desde hace años.
Por otro lado, las autoridades locales reclamaron, desde La Gabarra, refuerzos a la Policía, así como alimentos y medicinas, pues temen que, como en otras ocasiones, la matanza provoque el desplazamiento de cientos de campesinos a zonas urbanas. Las autoridades temen además un recrudecimiento de los combates entre grupos terroristas por el control del área, donde hay entre 20.000 y 30.000 hectáreas sembradas de coca, según la Polícía Antinarcóticos.
Naciones Unidas califica lo sucedido de "crimen de guerra"
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha condenado la matanza y ha trasladado "sus sentimientos de condolencia y solidaridad a los familiares" de los asesinados. A su juicio, lo ocurrido en la matanza sólo puede calificarse de "crimen de guerra, por cuanto sus autores dieron muerte premeditada a civiles inermes, puestos en total estado de indefensión e inferioridad".
Asimismo, exigió a las FARC que se pronunciaran sobre lo sucedido e instó al Gobierno de Bogotá a "analizar la conveniencia de retirar la salvedad, formulada por el Estatuto de Roma, que limita la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar los crímenes de guerra cometidos en Colombia".