LD (Agencias) Según una resolución del Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia, este sábado vence el plazo para que la empresa brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la franco-belga Total-Fina-Elf paguen al Estado boliviano un total de 32,3 millones de dólares, unos 24,6 millones de euros en concepto de tributo especial fijado en la nacionalización petrolera decretada por el Gobierno de Evo Morales el primero de mayo de 2006.
La resolución establece que esas empresas, que operan los mayores yacimientos de gas del país, paguen una "participación" del 32 por ciento a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El impuesto especial corresponde al periodo de noviembre del año pasado, que es el séptimo mes de vigencia de la nacionalización. Los campos obligados por el tributo son "San Alberto" y "San Antonio", situados en el sureño departamento de Tarija, fronterizo con Argentina, donde Andina, filial de Repsol YPF, tiene una participación del cincuenta por ciento, Petrobras un 35 por ciento y Total el restante quince por ciento. El pago, equivalente a 32 millones de dólares, debe depositarse en las cuentas de la estatal YPFB como ocurrió con los seis anteriores. Fuentes del sector petrolero explicaron que los pagos por esos seis meses sumaron un total de 194,1 millones de dólares. Además de la participación del 32 por ciento, las mismas empresas pagan un 32 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y un dieciocho por ciento de regalía o derecho de explotación, con lo que el Estado recibe el 82 por ciento del valor total de producción.
Según la resolución ministerial, emitida el pasado veintisiete de febrero por el titular Carlos Villegas, las firmas deben seguir pagando la participación del 32 por ciento para YPFB hasta que los nuevos contratos petroleros entren en vigor. Sin embargo, esos documentos, que el régimen de Morales firmó con doce compañías, están prácticamente paralizados en su ejecución, debido a errores en las leyes que los aprobaron, y las denuncias de la oposición de que en algunos de ellos hay delitos de falsedad.